El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves 24 de septiembre una orden ejecutiva que instruye a la fiscal general Pam Bondi a solicitar la pena de muerte en todos los casos procesados en Washington D.C. que cumplan con los “factores aplicables” establecidos en la legislación federal.
La medida busca reinstaurar un castigo que había sido abolido en la capital del país en el año de 1981.
Una medida en el marco de la “toma federal”
DEATH penalty now FULLY ENFORCED in Washington DC
Trump signs memorandum
‘OK. Everybody understand?’ pic.twitter.com/SjIXN35AD3
— RT (@RT_com) September 25, 2025
La decisión se enmarca en la estrategia de Trump de asumir control directo sobre la seguridad pública en la capital, tras declarar que la ciudad enfrenta una crisis de “crimen sin control”.
Desde el pasado 11 de agosto, la administración federal tomó el mando de la Policía Metropolitana de D.C.
Desplegó miles de elementos de la Guardia Nacional y de agencias federales como el FBI, el Servicio de Alguaciles y la Patrulla Fronteriza en operativos conjuntos.
Trump ha defendido estas acciones asegurando que los índices de homicidios, asaltos armados y tráfico de drogas han alcanzado niveles alarmantes en la capital.
Aunque críticos señalan que las estadísticas oficiales no respaldan del todo esa narrativa y que la medida representa un intento de consolidar poder federal en territorios históricamente administrados por gobiernos locales.
Revivir la pena capital en la capital
Washington D.C. abolió la pena de muerte en 1981, convirtiéndose en una de las primeras jurisdicciones del país en eliminar este castigo.
Sin embargo, la orden de Trump obliga a que la Fiscalía del Distrito de Columbia solicite la pena capital en todos los casos federales que encuadren en delitos de especial gravedad.
Esto sería en asesinatos relacionados con terrorismo, homicidios múltiples, asesinatos de agentes federales o crímenes considerados de “extrema violencia”.
El memorando firmado por el presidente establece que la aplicación de la pena de muerte deberá ser considerada una “prioridad nacional” en la capital.
Esto en un momento en que Trump busca reforzar su discurso de “ley y orden” de cara al proceso electoral de 2026.
Críticas de defensores de derechos humanos
La medida ha generado un fuerte rechazo de organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes.
Voceros de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) calificaron la orden como un intento de “usar el miedo al crimen para justificar políticas inconstitucionales”.
Asimismo, recordaron que la pena de muerte ha sido abolida en más de la mitad de los estados del país y que existen múltiples estudios que cuestionan su efectividad como herramienta de disuasión del crimen.
También subrayaron que los procesos judiciales en los que se aplica este castigo suelen mostrar desigualdades raciales y socioeconómicas, con mayor impacto sobre minorías, incluidos latinos y afroamericanos.
Contexto nacional y comparaciones
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La decisión de Trump en Washington D.C. no se da en un vacío.
En los últimos meses, el mandatario ha utilizado el mismo discurso de “ciudades en crisis” para justificar intentos de intervención federal en Chicago y Los Ángeles, ambas gobernadas por demócratas.
En su narrativa, asegura que estas ciudades se han convertido en ejemplos del fracaso de las políticas locales y ha prometido que bajo su mando federal se impondrá el orden “a cualquier costo”.
Para sectores críticos, estas acciones reflejan una centralización de poder sin precedentes que podría extenderse a otras urbes con alta concentración de población inmigrante, lo que aumenta la preocupación entre comunidades latinas.
Para los inmigrantes y familias hispanas que residen en Washington D.C. y otras ciudades bajo mayor escrutinio federal, la reinstauración de la pena de muerte es percibida como una señal preocupante.
No solo revive un castigo considerado extremo por gran parte del mundo, sino que además se inserta en un contexto político de endurecimiento de políticas migratorias y de seguridad.
La orden ejecutiva de Trump representa, por tanto, un giro histórico en la capital del país y un nuevo frente en la batalla legal y política que definirá el rumbo de la justicia criminal en Estados Unidos en los próximos años.
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