El 24 de julio de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva autoritativa que faculta a gobiernos estatales y locales a desalojar forzosamente a personas sin hogar de espacios públicos, trasladándolas a campamentos o instituciones para tratamiento de salud mental o adicciones.
Esta iniciativa se presenta como parte de su agenda de restauración del “orden público” en ciudades afectadas por el aumento del desamparo urbano, algo que ha sido muy criticado en EEUU los últimos años.
El plan de Trump
La medida también insta a que se prioricen fondos federales para ciudades que ya aplican leyes estrictas contra el acampe urbano, el consumo de drogas en espacios públicos y el vagabundeo.
La lógica oficial: asociar el desorden visible con criminalidad y justificar el internamiento con fines terapéuticos.
La orden también promueve el uso extendido del civil commitment, es decir, la internación involuntaria de personas con enfermedades mentales o dependencia a sustancias sin su consentimiento.
Civil commitment sin consentimiento: enfoque polémico
Trump y su administración han presentado esta práctica como una manera de restituir el control y brindar tratamiento en entornos institucionales, pero críticos advierten que se trata de una práctica grave que amenaza derechos civiles y revive modelos de institucionalización obsoletos.
Expertos legales señalan que aunque algunos estados ya permiten estas medidas, la orden busca reverter precedentes judiciales que limitaban su aplicación.
Organizaciones como la ACLU y la National Coalition for the Homeless advierten que esto criminaliza la falta de vivienda sin atacar sus causas estructurales, como el déficit de vivienda asequible.
Impacto en la comunidad hispana en EE. UU.
Para la comunidad latina residente en EE. UU., especialmente en ciudades con altas concentraciones de personas sin hogar como Los Ángeles, Houston, Chicago o Miami, esta orden tiene implicaciones directas:
Muchas personas sin hogar son inmigrantes, inmigrantes indocumentados o veteranos latinos. La criminalización puede aumentar la vulnerabilidad legal y social dentro de estas poblaciones.
Al privilegiar el desalojo masivo sobre soluciones como vivienda asequible o apoyo comunitario, se dejan de lado alternativas más efectivas y humanas.
La cultura latina en EE. UU. suele difundir redes de apoyo solidario entre familias y comunidades; la orden podría disgregar estas redes sin ofrecer acompañamiento real.
El problema de las personas sin hogar que están en las calles de EEUU se ha agravado en los últimos años y representa un problema social y de salud fuerte para el país
¿Qué sigue y cuál es la reacción legal?
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Varios estados y ciudades han advertido que impugnarán la acción vía tribunales.
Aunque el Supremo ha emitido fallos que permiten criminalizar el albergue público bajo ciertas circunstancias, se anticipan demandas en torno a derechos constitucionales, debido proceso y protección frente a abusos de poder.
También surge el temor de que esta política derive en la creación de “campamentos institucionales” o “detention centers” para personas sin hogar, una preocupación alimentada por documentos del proyecto Project 2025 que promovía internamientos similares en zonas fronterizas.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia liderado por Pam Bondi busca eliminar las barreras legales que limitan las ordenes de desalojo y fomentan una respuesta centralizada de seguridad pública.
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