El gobierno del presidente Donald Trump ha reactivado sus esfuerzos para eliminar uno de los pilares legales que protegen a los menores migrantes detenidos en Estados Unidos: el Acuerdo Flores, vigente desde 1997.
La administración presentó este miércoles un recurso ante una corte federal en California solicitando su cancelación total.
¿Qué es el Acuerdo Flores?
El Acuerdo Flores nació tras el caso de Jenny Lisette Flores, una adolescente salvadoreña de 15 años que en 1985 cruzó la frontera sola huyendo de la guerra civil en su país.
Fue detenida, registrada al desnudo y encerrada durante meses en un centro juvenil sin acceso a educación ni contacto familiar.
La demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) derivó en un acuerdo legal que impuso condiciones mínimas para el trato de menores bajo custodia migratoria.
Las protecciones que podrían desaparecer
Si se anula el Acuerdo Flores, se eliminarían derechos clave como:
Que los menores estén detenidos en centros con licencia para cuidar a niños
Acceso obligatorio a servicios de salud, educación y recreación
Liberación rápida con un familiar, tutor legal o patrocinador
Supervisión externa del trato recibido por parte de abogados de derechos humanos
Estas garantías se han convertido en el único marco legal que protege a miles de niños migrantes cada año, especialmente aquellos que llegan solos o en contextos de violencia.
Lo que dice el gobierno de Trump
La administración Trump argumenta que el Acuerdo Flores limita al Poder Ejecutivo para aplicar políticas migratorias más estrictas.
Señala que ha “alterado el panorama migratorio” al quitar factores que antes disuadían a las familias de ingresar al país sin documentos.
También afirman que las condiciones en los centros de detención han mejorado significativamente desde los años noventa y que la intervención judicial actual es innecesaria.
No es la primera vez
Trump ya había intentado eliminar este acuerdo durante su primer mandato, pero fue frenado por una corte de apelaciones.
En 2014, el gobierno de Barack Obama también buscó modificarlo ante el aumento de menores no acompañados en la frontera, aunque sin éxito.
De aprobarse la solicitud del gobierno, los niños podrían ser detenidos por tiempo indefinido, incluso en centros sin certificación infantil y sin acceso garantizado a servicios básicos
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Para muchos expertos, esto abriría la puerta a abusos, negligencias y condiciones indignas, como las denunciadas en décadas pasadas.
Preocupación entre organizaciones
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Grupos como ACLU, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos han alertado sobre los riesgos de esta medida.
Consideran que las protecciones actuales son el mínimo ético que debe garantizarse a cualquier menor, sin importar su estatus migratorio.
Según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, más de 130,000 menores estuvieron bajo custodia federal en 2023.
De ellos, más del 85% provenían de países de América Latina, principalmente Guatemala, Honduras, El Salvador y México.
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