La plataforma de videos YouTube, propiedad de Alphabet, acordó pagar 24,5 millones de dólares para cerrar la demanda interpuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la suspensión de su cuenta en enero de 2021 tras el asalto al Capitolio.
Según los términos del acuerdo, 22 millones de dólares se destinarán al Trust for the National Mall, organización que trabaja en la preservación de monumentos históricos en Washington D.C., y que en este caso financiará la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Los 2,5 millones restantes se repartirán entre otros demandantes que también acusaban a YouTube de censura, entre ellos la escritora Naomi Wolf y la organización conservadora American Conservative Union.
La suspensión y el regreso de Trump a YouTube
La cuenta oficial de Trump fue suspendida en enero de 2021, días después del asalto al Capitolio, bajo el argumento de que sus publicaciones podrían “incitar a la violencia en curso”.
La sanción fue más prolongada que la de otras redes sociales como Meta (Facebook e Instagram) o X (antes Twitter), y se levantó hasta marzo de 2023, cuando YouTube anunció que volvía a permitirle publicar.
El caso contra YouTube fue uno de los múltiples litigios que Trump inició en 2021 contra las grandes tecnológicas, alegando censura política y violaciones a su libertad de expresión.
En 2025, tanto Meta como X llegaron también a acuerdos: Meta pagó 25 millones de dólares y X aceptó 10 millones para resolver demandas similares.
YouTube no admite responsabilidad
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Al igual que en otros arreglos, YouTube aclaró que el acuerdo no supone una admisión de culpa ni de haber violado derechos del expresidente.
La compañía defendió que actuó en línea con sus políticas de moderación, diseñadas para evitar incitación a la violencia y proteger a la comunidad digital.
Este caso refleja un debate más amplio sobre el poder de las redes sociales para controlar el discurso público.
Para la comunidad hispana en Estados Unidos, tiene dos implicaciones clave:
Libertad de expresión y redes sociales: las plataformas pueden bloquear cuentas, incluso de líderes políticos, lo que genera preguntas sobre la neutralidad y el impacto en la información que llega a millones de usuarios hispanohablantes.
Política y elecciones: Trump ha sido un candidato con fuerte impacto entre comunidades inmigrantes. El regreso de su voz a plataformas como YouTube coincide con la campaña hacia las elecciones de 2026, lo que podría influir en el debate sobre inmigración, seguridad y empleo, temas centrales para la población latina.
Con más de 20 millones de suscriptores en YouTube, el regreso de su canal abre nuevamente un espacio de comunicación directa con votantes y simpatizantes, en un contexto donde la influencia digital puede definir la política en EE.UU.
Más allá de lo económico, el acuerdo simboliza el cierre de un capítulo en la confrontación entre Trump y las grandes tecnológicas
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