La administración del presidente Donald Trump presentó este martes 13 de mayo una solicitud formal a la Corte Suprema de Estados Unidos para que se le permita retomar las expulsiones de más de 200 migrantes venezolanos actualmente retenidos en un centro de detención en Texas.
El caso ha generado amplia preocupación entre organizaciones de derechos humanos, expertos legales y comunidades migrantes en todo el país.
El trasfondo: bloqueos, protestas y una cárcel en El Salvador
Esta nueva petición del Gobierno ocurre poco más de un mes después de que el mismo tribunal interviniera de emergencia para bloquear el traslado de los migrantes a una prisión en El Salvador.
Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad conocida por sus condiciones severas y acusaciones de violaciones a derechos humanos.
El centro ha sido ampliamente criticado por organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Según los documentos presentados ante la Corte, los abogados del Ejecutivo argumentan que los detenidos representan un “riesgo operativo” dentro del centro de detención.
El gobierno asegura que 23 de los migrantes se atrincheraron en una celda durante varias horas, amenazando con tomar rehenes y agredir a personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Tras este incidente, esos individuos fueron reubicados a otra prisión en Texas, pero la administración insiste en que su permanencia en el país representa una amenaza a la seguridad.
Dónde están detenidos y por qué preocupa
A Reuters drone captured detainees at the Bluebonnet immigrant detention center in Anson, Texas, spelling out a message to the outside world: S-O-S https://t.co/Oq1DzcQTKu pic.twitter.com/nUTtqkU46A
— Reuters (@Reuters) May 1, 2025
Los migrantes están recluidos en el centro Bluebonnet en Anson, Texas.
Días atrás, imágenes captadas por un dron mostraron a varios de ellos formando las letras “SOS” en el patio del recinto, en un aparente llamado de auxilio.
Aunque el Gobierno los señala como presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, surgido en cárceles venezolanas, defensores legales aseguran que no hay pruebas suficientes para justificar estas expulsiones masivas.
Un análisis del portal Bloomberg reveló que el 90 % de estos hombres no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, lo que ha encendido las alarmas sobre el uso excesivo de leyes de carácter bélico para tratar casos migratorios.
La ley que se invoca: una norma del siglo XVIII
La administración Trump ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una disposición legal redactada en tiempos de guerra, para justificar las deportaciones.
Esta ley permite la expulsión de ciudadanos extranjeros considerados una amenaza a la seguridad nacional, aunque históricamente ha sido utilizada con extrema cautela.
El pasado 19 de abril, la Corte Suprema prohibió temporalmente la aplicación de esta ley en estos casos, luego de una demanda de organizaciones proinmigrantes que denunciaron que Estados Unidos intentaba trasladar a los detenidos a El Salvador sin debido proceso.
Un acuerdo con El Salvador bajo la lupa
El plan incluye un acuerdo bilateral entre Washington y el Gobierno de Nayib Bukele, por el cual EE.UU. pagaría 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario salvadoreño, a cambio de alojar a los migrantes expulsados.
Los detalles del acuerdo no han sido revelados públicamente, y el secretismo ha alimentado más críticas.
El caso pone nuevamente en discusión los límites de las políticas migratorias en tiempos de tensión política, especialmente en un año donde la administración Trump ha intensificado medidas para acelerar deportaciones, limitar beneficios y usar el lenguaje de seguridad nacional como justificación legal.
¿Qué puede hacer la comunidad?
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Organizaciones legales recomiendan que los migrantes se mantengan informados, consulten con abogados acreditados y eviten firmar documentos sin comprender su contenido, especialmente si están en procesos migratorios activos.
El fallo de la Corte Suprema sobre esta solicitud aún está pendiente.
Pero su impacto —legal, político y humano— podría marcar un precedente en la política migratoria estadounidense en 2025.
