El Departamento de Defensa de EEUU confirmó el despliegue de 700 militares a los estados de Texas, Florida y Luisiana, como parte del reforzamiento de las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. El anuncio se produce en medio de un aumento en las tensiones por las políticas migratorias federales y tras múltiples protestas en ciudades clave del país.
Según el comunicado oficial del Pentágono, los militares no participarán directamente en labores de detención o seguridad pública, sino que tendrán un rol de apoyo logístico y administrativo en centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Escalada de protestas y tensiones legales
El despliegue se da en un contexto de creciente rechazo social a las acciones migratorias impulsadas por Trump.
Las primeras manifestaciones comenzaron en Los Ángeles, donde los residentes salieron a las calles de manera pacífica.
Aunque en algunos casos se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.
Ante esta situación, el mandatario republicano ordenó también el envío de elementos de la Guardia Nacional a California, lo cual generó un fuerte conflicto institucional con el gobernador del estado, Gavin Newsom.
Los militares no participarán directamente en labores de detención
El demócrata se opuso tajantemente a la militarización del estado y su fiscal general presentó una demanda federal, alegando abuso de poder presidencial.
Un tribunal federal le dio inicialmente la razón a California, ordenando que se devolviera el control de la Guardia Nacional al estado.
Sin embargo, una corte de apelaciones bloqueó temporalmente esa decisión mientras evalúa nuevos argumentos legales.
Apoyo republicano en otros estados
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A diferencia de California, los estados de Texas, Florida y Luisiana, gobernados por republicanos, respaldaron el despliegue militar de Trump.
En Texas, el gobernador Greg Abbott había ordenado días antes la movilización de la Guardia Nacional en previsión de protestas por el fin de semana.
Aunque hubo movilizaciones en Houston, Dallas, San Antonio y Austin, en su mayoría transcurrieron de forma pacífica, salvo algunos momentos de tensión entre activistas y autoridades locales.
El gobierno federal sostiene que la presencia militar es necesaria para agilizar los procesos de detención y deportación.
Mientras que organizaciones civiles han advertido sobre el riesgo de criminalizar la migración y militarizar comunidades vulnerables.
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