En julio de 2025, el Gobierno de Donald Trump volvió a implementar una de sus políticas migratorias más controversiales: las deportaciones de inmigrantes a terceros países, es decir, naciones distintas a las de origen de los afectados. La medida fue posible tras una decisión de la Corte Suprema que le dio luz verde a la administración para reanudar estos vuelos sin necesidad de previo aviso a los deportados.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que uno de estos vuelos aterrizó recientemente en Esuatini, en el sur de África. A bordo viajaban cinco hombres originarios de Vietnam, Jamaica, Laos, Yemen y Cuba, considerados de “alta peligrosidad” por el gobierno estadounidense. Según la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, los deportados enfrentaban cargos como homicidio, robo y agresión.
Luz verde de la Corte Suprema
El 23 de junio de 2025, la Corte Suprema anuló una orden judicial que bloqueaba temporalmente estas deportaciones.
Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora permitió que ICE continuara con su política de “terceros países seguros”.
Aún si los inmigrantes nunca han tenido vínculo alguno con esos destinos.
Los jueces liberales, encabezados por Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo.
En su opinión disidente, advirtió que “enviar a seres humanos a países desconocidos, sin advertencia ni audiencia, atenta contra los principios fundamentales del debido proceso y puede poner vidas en peligro”.
Deportaciones sin conexión territorial
En esta nueva fase del programa, los destinos no se limitan a los países de origen.
ICE ha comenzado con las deportaciones a migrantes hacia países como Sudán del Sur, Liberia, Ruanda, Mauritania, Senegal y Esuatini.
Muchos de estos países aceptan recibir deportados a cambio de acuerdos diplomáticos o cooperación bilateral.
Los deportados enfrentaban cargos como homicidio, robo y agresión
Uno de los casos más llamativos fue el traslado de ocho personas —incluidos dos cubanos y un mexicano— desde una base militar en Yibuti hasta Sudán del Sur.
Esto tras semanas de detención sin contacto con abogados o familiares.
Los vuelos han sido descritos por grupos de derechos humanos como “secretos, veloces y peligrosos”.
Reacción de defensores migrantes
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Organizaciones como ACLU, CARECEN y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes han condenado el programa por violar los derechos internacionales.
Incluyendo la Convención contra la Tortura, al exponer a personas a situaciones inseguras sin evaluación individual ni mecanismos de apelación.
El programa también ha sido criticado por la falta de transparencia y por la notificación de deportación con apenas 6 horas de anticipación en algunos casos.
Esto impide presentar peticiones de emergencia para detener el traslado.
La comunidad hispana, especialmente aquellos con casos migratorios pendientes o con antecedentes menores, enfrenta una mayor incertidumbre.
Algunos podrían ser deportados a países donde jamás han vivido ni tienen familiares, sin poder recurrir al sistema judicial.
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