El Acuerdo Flores (Flores Settlement Agreement, FSA), vigente desde 1997 como resultado del caso Flores vs. Reno, establece normas nacionales sobre detención, condiciones sanitarias y liberación de menores inmigrantes.
Obliga al gobierno a mantener a los niños en el entorno menos restrictivo posible y liberarles rápidamente a familiares o custodios legales, garantizando atención médica, agua potable, comida, higiene y protección contra abusos.
Orígenes: el caso Flores
El caso inició en 1985 cuando Jenny Lisette Flores, menor salvadoreña de 15 años, fue detenida por el INS en instalaciones junto a adultos y sometida a condiciones precarias.
Una demanda colectiva alegó violaciones a sus derechos de “Igual Protección” y “Debido Proceso”.
Tras varias decisiones judiciales, en 1997 se firmó el Acuerdo Flores bajo supervisión federal, que permanece vigente hasta hoy.
Cómo proteger a los niños migrantes
El acuerdo establece que los menores deben ser:
Alojados en instalaciones seguras y sanitarias,
Liberados sin demoras innecesarias a familiares o tutores,
Priorizados para reunificación familiar,
Atendidos con estándares básicos de cuidado y supervisión médica.
Aunque inicialmente temporal, sigue activo debido a que el gobierno nunca ha reglamentado normas permanentes.
Administración Trump quiere eliminarlo
El pasado 22 de mayo de 2025, el Departamento de Justicia presentó ante la Corte del Distrito Central de California una moción para terminar el Acuerdo Flores.
Argumentaron que nuevas regulaciones ya incorporan sus metas y que el acuerdo limita la flexibilidad ejecutiva.
Esta es la segunda vez que una administración Trump busca eliminarlo; la primera en 2019 fue bloqueada por la jueza Dolly Gee y el Tribunal del Noveno Circuito.
El caso inició en 1985
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Críticas y reacciones
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han presentado oposiciones legales argumentando que terminar el Acuerdo Flores pondría en riesgo a los menores.
Advierten que se abriría la puerta a la detención indefinida en instalaciones sin supervisión judicial ni estándares claros.
Abogados como Mishan Wroe advierten que se sacrifica la dignidad y seguridad de los niños en favor de una agenda política.
Por su parte, la administración de Trump argumenta que el acuerdo desalienta la inmigración legal y que ya existen regulaciones que cubren los aspectos esenciales del trato a menores, haciendo innecesario el FSA.
Para familias migrantes y organizaciones comunitarias, el futuro del Acuerdo Flores es crucial.
Si se termina, aumentaría el riesgo de detención prolongada, falta de supervisión judicial y condiciones inadecuadas en centros fronterizos.
En contraste, mantener el acuerdo garantiza estándares mínimos de protección y liberación rápida para menores bajo custodia.
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