Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi y propietario de los clubes Santos Laguna y Atlas en México, enfrenta una orden de aprehensión emitida por una jueza federal, relacionada con un presunto caso de defraudación fiscal que supera los 17 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 970,000 dólares estadounidenses, al tipo de cambio actual).
Según reportes de medios nacionales como Reforma y El Universal, la situación se originó cuando Irarragorri no se presentó físicamente a una audiencia judicial programada para el 24 de marzo de 2025 en el Centro de Justicia Penal Federal de Torreón. La jueza de control, Karla Cecilia Marín, lo declaró “evadido de la justicia” tras su inasistencia, ordenando su captura inmediata. Previamente, Irarragorri había comparecido mediante videoconferencia el 20 de marzo, sin embargo, la jueza consideró indispensable su presencia física, algo que su equipo legal cuestiona por presuntas violaciones al debido proceso.
Defensa de Irarragorri
A través de un comunicado oficial, el Club Santos Laguna calificó el proceso como una “judicialización indebida” de un asunto meramente administrativo o de interpretación fiscal.
El club aseguró que Alejandro Irarragorri no fue debidamente notificado sobre la necesidad de asistir de manera presencial, lo que, según ellos, anula la validez de la orden de captura.
Se trata de un presunto caso de defraudación fiscal
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Además, señalaron que la audiencia del 20 de marzo fue suspendida de manera abrupta por el juez
Y que el nuevo citatorio para el 24 de marzo se emitió sin respetar los plazos procesales que garantiza la ley mexicana.
Los abogados de Alejandro Irarragorri ya han promovido un juicio de amparo para frenar la ejecución de la orden mientras se resuelve la legalidad del procedimiento.
Naturaleza de la acusación fiscal
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El origen del problema radica en presuntas omisiones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Esto derivado de salarios de jugadores y personal técnico del Club Santos Laguna, correspondientes al primer semestre de 2017.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Alejandro Irarragorri de no cumplir con sus obligaciones fiscales en ese periodo.
Su defensa sostiene que se trata de un diferendo de interpretación que debería resolverse en la vía administrativa y no penal.
Este caso podría tener amplias repercusiones en el fútbol mexicano, considerando la influencia que Grupo Orlegi ejerce en la industria deportiva del país.
Por ahora, la situación legal de Alejandro Irarragorri sigue en desarrollo, mientras su defensa intenta revertir las medidas tomadas en su contra.
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