El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó este viernes 25 de abril del 2025 a Hanna Dugan, jueza de un tribunal de primera instancia en Wisconsin, bajo acusaciones de obstruir la labor de agentes federales que intentaban arrestar a un migrante mexicano durante una audiencia judicial.
El anuncio inicial del arresto fue realizado por el propio director del FBI, Kash Patel, a través de una publicación en la plataforma X (antes Twitter), donde señaló que la jueza habría “desviado intencionalmente a los agentes” para impedir la captura de Eduardo Flores Ruiz, un migrante mexicano buscado por violaciones migratorias.
De que acusan a Hanna Dugan
Aunque el mensaje fue eliminado poco después, diversos medios locales confirmaron la detención de Dugan, quien permanece bajo custodia federal en espera de una audiencia preliminar.
Hasta el momento, los cargos formales en su contra no han sido detallados públicamente, pero se prevé que incluyan obstrucción de la justicia y violación de deberes oficiales.
Un episodio en medio de tensiones migratorias
La detención de una jueza en funciones representa un hecho inusual y altamente sensible que refleja el clima de confrontación entre el Gobierno de Donald Trump y varios sectores del poder judicial, particularmente en torno a la implementación de políticas migratorias más estrictas.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una serie de medidas para acelerar deportaciones y endurecer las condiciones de detención de inmigrantes, medidas que han sido objeto de revisiones judiciales constantes.
Varios tribunales federales han bloqueado o restringido políticas recientes, lo que ha generado acusaciones desde el Ejecutivo de que “algunos jueces están actuando con parcialidad política”.
El polémico uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
Dentro de este contexto, uno de los puntos más controvertidos ha sido la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros —una norma de finales del siglo XVIII— para justificar la detención y traslado de migrantes a una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Hasta la fecha, más de 200 migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, han sido enviados a este centro bajo cargos generales de asociación delictiva, aunque investigaciones de medios y organismos de derechos humanos han demostrado que la mayoría no tenía antecedentes penales.
El gobierno de Trump justifica estas acciones alegando supuestos vínculos de los migrantes con grupos considerados terroristas, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, sin ofrecer pruebas públicas contundentes.
Críticas y consecuencias
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Organizaciones como Human Rights Watch han condenado estas expulsiones calificándolas de “desapariciones forzadas”, denunciando además condiciones inhumanas en las prisiones salvadoreñas.
Por su parte, el acuerdo entre EE.UU. y El Salvador para el traslado de migrantes —del que se conocen pocos detalles— establece un pago anual de 6 millones de dólares para el mantenimiento del sistema carcelario, lo que ha generado críticas sobre la legalidad y la moralidad de tales operaciones.
El caso de la jueza Dugan podría convertirse en un símbolo de resistencia judicial ante las políticas migratorias actuales, pero también abre un intenso debate sobre los límites de la autoridad judicial frente a las órdenes federales de inmigración.
Se espera que en los próximos días se definan formalmente los cargos y que este episodio agrave aún más el ya polarizado debate migratorio en Estados Unidos.
El gobierno de Trump justifica estas acciones alegando supuestos vínculos de los migrantes con grupos considerados terroristas, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, sin ofrecer pruebas públicas contundentes
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