Una jueza federal de California emitió una orden preliminar que prohíbe a la Patrulla Fronteriza realizar arrestos sin orden judicial ni sospecha razonable en gran parte del estado. Esta decisión se produce tras una redada masiva ejecutada los días 7 y 8 de enero de 2025 en el condado de Kern, donde fueron detenidos decenas de trabajadores agrícolas, incluyendo un ciudadano estadounidense.
La jueza Jennifer Thurston, del Distrito Este de California, falló a favor del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). Las organizaciones demandaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por presunta discriminación racial y violaciones al debido proceso. El Distrito Este de California abarca desde Bakersfield, al norte de Los Ángeles, hasta la frontera con Oregón. En esta región rural, las comunidades hispanas e inmigrantes representan una parte fundamental de la fuerza laboral agrícola.
¿Qué ordenó el tribunal?
La jueza Thurston estableció que:
Los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden detener personas sin una sospecha razonable de que se encuentran de forma irregular en el país.
Los arrestos sin orden judicial están prohibidos, salvo que exista causa probable de que el individuo se dé a la fuga.
Cada detención deberá estar debidamente documentada, incluyendo hechos y circunstancias que la justifiquen.
Las comunidades hispanas e inmigrantes representan una parte fundamental de la fuerza laboral agrícola
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En su fallo de 88 páginas, la jueza señaló que las prácticas de la Patrulla Fronteriza “causan un daño inminente e irreparable”.
Especialmente a personas vulnerables como los trabajadores del campo.
Muchos de los cuales fueron trasladados a más de 480 kilómetros al sur, a un centro de detención en la frontera con México.
Impacto en la comunidad inmigrante
La redada dejó a al menos 40 personas —residentes de largo plazo del condado de Kern— varadas en México, separadas de sus familias, sin acceso al debido proceso y forzadas a salir voluntariamente del país.
Organizaciones defensoras de derechos civiles han calificado las acciones como un ataque a los derechos constitucionales.
Bree Bernwanger, abogada de la ACLU del Norte de California, afirmó: “El fallo de hoy afirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas”.
Por su parte, Teresa Romero, presidenta del UFW, declaró: “La Patrulla Fronteriza no puede capturar a trabajadores solo por su apariencia o estatus social”.
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