La organización Physicians for Human Rights (PHR) publicó un nuevo informe en el que denuncia que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha incrementado significativamente el uso del confinamiento solitario contra personas migrantes detenidas entre abril de 2024 y mayo de 2025, periodo que abarca el final del mandato de Joe Biden y los primeros meses del segundo gobierno de Donald Trump.
El informe, titulado “Cruelty Campaign: Solitary Confinement in U.S. Immigration Detention”, documenta que más de 10,500 personas migrantes han sido puestas en confinamiento solitario durante este lapso. La organización subraya que la práctica se disparó en los últimos meses de Biden y se duplicó en los primeros cuatro meses del segundo mandato de Trump, en comparación con los niveles mensuales registrados entre 2018 y 2023.
Una práctica considerada tortura
PHR advierte que al confinamiento solitario que supera los 15 días se le considera tortura según estándares internacionales.
Ya que provoca daños severos en la salud física y mental.
La organización destaca que muchas de las personas sometidas a esta práctica presentan problemas de salud mental preexistentes, lo cual agrava aún más su situación.
El estudio revela que las personas con condiciones de salud mental representan un porcentaje creciente de los casos de confinamiento solitario,.
Con un aumento promedio del 56% por trimestre en 2025 en comparación con 2022.
Entre febrero y mayo de 2025, el uso de esta medida aumentó en promedio 6.5% cada mes, lo que confirma una tendencia ascendente y preocupante.
Centros de detención bajo escrutinio
La práctica se disparó en los últimos meses de Biden
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A los centros de detención de ICE en todo el país se les ha señalado por violaciones a los derechos humanos, condiciones insalubres y falta de supervisión externa.
PHR insta al gobierno estadounidense a reformar de inmediato los protocolos de detención, prohibiendo el uso prolongado del confinamiento solitario y aplicando alternativas más seguras y humanas para las personas bajo custodia migratoria.
Expertos en derechos humanos señalan que el uso excesivo de esta práctica refleja políticas migratorias cada vez más punitivas, enfocadas en la disuasión y no en el respeto de los derechos fundamentales.
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