La política de mano dura en la frontera y las ciudades santuario ha chocado de frente con la justicia. En un movimiento legal sin precedentes, cinco ciudadanos estadounidenses y un residente legal han interpuesto demandas contra el Gobierno de EE. UU., acusando a los agentes de ICE y CBP de violaciones sistemáticas a sus derechos civiles durante las redadas masivas del año pasado.
Ciudadanos demandan a Trump por redadas masivas
Cary López Alvarado, of Hawthorne, CA, was nine months pregnant, a US citizen.
Angie Rodriguez, an immigrant from Columbia, miscarried while in custody and has filed a lawsuit.
Antonia Aguilar Maldonado, a mother of two from El Salvador, her youngest child was still nursing… pic.twitter.com/evpv17Rs3X
— Sammi🦋 (@StoriesBySammi) December 13, 2025
Lo que se describe en las querellas presentadas en California no son solo errores administrativos, sino episodios de brutalidad policial.
El abogado Luis Carrillo calificó las acciones de los agentes como «brutales», señalando que el perfilamiento racial fue el motor de estas detenciones injustas.
Entre los casos más desgarradores se encuentran:
Cary López: Una ciudadana estadounidense que, a pesar de identificarse repetidamente, fue detenida mientras estaba embarazada. López asegura que el estrés de la detención provocó que su bebé naciera prematuro.
Andrea Vélez: Detenida violentamente mientras iba al trabajo. Un video captó el momento en que fue sometida frente a su madre; pasó dos noches en la cárcel por un delito que luego fue desestimado.
Juan José Gutiérrez: Activista y ciudadano estadounidense, quien al regresar de México fue esposado a una mesa por tres horas en el aeropuerto de Los Ángeles, ignorando sus documentos oficiales.
El costo de la «Tolerancia Cero»
¿Quién es Andrea Vélez? Ciudadana estadounidense detenida por ICE acusa que no recibió agua en 24 horashttps://t.co/saxxAGJG86 pic.twitter.com/nWCMTCWSac
— El Heraldo de México (@heraldodemexico) August 13, 2025
Estas demandas surgen tras un año de intensa actividad migratoria bajo la administración de Donald Trump, donde operativos en junio y julio de 2025 sembraron el miedo en las comunidades hispanas del sur de California.
Las víctimas no solo buscan una compensación económica, sino sentar un precedente legal que detenga el uso excesivo de la fuerza y el acoso hacia personas por su apariencia física o apellido.
El Departamento de Justicia ya ha tenido que desestimar cargos en varios de estos casos, lo que refuerza la postura de los demandantes: el sistema de deportaciones masivas está «cazando» a ciudadanos propios en su afán por cumplir cuotas políticas.
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