En mayo de 2025, el presidente Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revoque una orden judicial que impide las deportaciones de ocho inmigrantes hacia Sudán del Sur.
Esta solicitud representa otro capítulo en su histórica política migratoria centrada en deportaciones agresivas, incluso a países con altos niveles de violencia e inestabilidad, como lo es actualmente Sudán del Sur.
¿Qué hay detrás de esta solicitud?
La petición surge luego de que un juez federal en Massachusetts, Brian Murphy, determinara que la administración Trump violó protecciones legales al intentar las deportaciones de estas personas sin un debido proceso.
De los ocho migrantes involucrados, solo uno es originario de Sudán del Sur.
Los demás provienen de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
El gobierno de Trump argumentó que Sudán del Sur era el único país dispuesto a recibirlos, dado que los países de origen rechazaron la repatriación.
Además, calificó a los inmigrantes como criminales peligrosos.
Sin embargo, el juez enfatizó que enviar a personas a un país donde podrían enfrentar tortura o persecución contradice las leyes migratorias estadounidenses y tratados internacionales.
Situación en Sudán del Sur
Sudán del Sur sigue atravesando una compleja situación de seguridad.
Según el Departamento de Estado de EE.UU., el país se mantiene en nivel 4 de alerta, lo que significa que se recomienda evitar todos los viajes.
Trump calificó a los inmigrantes como criminales peligrosos
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En mayo de 2025, Estados Unidos evacuó a su personal diplomático no esencial debido al deterioro de las condiciones de seguridad.
En este contexto, enviar a personas a este país podría poner sus vidas en grave peligro.
Esta situación fue clave en la decisión del juez Murphy, quien permitió que los migrantes permanezcan en una base militar en Yibuti mientras se resuelve su estatus legal.
Deportaciones masivas
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El intento de Trump también revive el debate sobre los acuerdos migratorios bilaterales.
Durante su mandato, se alcanzó un acuerdo con El Salvador para recibir a más de 200 migrantes enviados desde Estados Unidos a una megacárcel,
Aún permanecen ahí en condiciones cuestionadas y sin contacto con abogados ni familiares.
Dicho acuerdo, firmado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, no fue hecho público, pero se supo que implicaba un pago de 6 millones de dólares por parte de EE.UU.
El caso ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos debido a la falta de transparencia y garantías legales.
La decisión final ahora está en manos del Tribunal Supremo.
Mientras tanto, los migrantes implicados siguen esperando en territorio extranjero sin certezas sobre su futuro.
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