El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha comenzado a priorizar activamente los casos de denaturalización, es decir, la revocación de la ciudadanía estadounidense otorgada a inmigrantes naturalizados.
De acuerdo con un memorando interno publicado el 11 de junio de 2025 y dado a conocer por NPR, la agencia federal instruyó a sus abogados para que inicien procedimientos civiles contra ciudadanos naturalizados que hayan cometido ciertos delitos, dándoles además a los fiscales más libertad para decidir cuándo actuar.
Comienzan a revocar ciudadanía a naturalizados
Esta medida afecta directamente a un grupo significativo: cerca de 25 millones de personas que, según datos del Censo de 2023, son ciudadanos estadounidenses por naturalización.
La iniciativa se suma a otros esfuerzos del presidente Donald Trump, en su segundo mandato, por rediseñar el sistema migratorio del país.
Esto incluyendo intentos de restringir la ciudadanía por nacimiento y reducir los programas de refugiados.
Qué significa la denaturalización
La denaturalización no es nueva, según una nota publicada por el medio independiente NPR.
Fue usada de manera intensiva durante la era McCarthy, en las décadas de 1940 y 1950, para expulsar a presuntos comunistas o nazis.
También se reactivó durante la administración Obama a través del programa Operation Janus, que usó tecnologías digitales para identificar casos de fraude en los procesos de naturalización, con enfoque en seguridad nacional.
Durante el primer mandato de Trump, el DOJ expandió estas acciones mediante litigios civiles en lugar de penales, lo cual es preocupante, según expertos, por varias razones.
En primer lugar, porque no se garantiza el derecho a un abogado y el estándar de prueba es más bajo, lo que permite decisiones rápidas y un margen de defensa muy limitado para el afectado.
Expertos han advertido que este tipo de procesos puede violar la Enmienda 14 de la Constitución, que protege el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El caso de Elliott Duke: un precedente inquietante
Uno de los primeros casos bajo esta nueva política fue el de Elliott Duke, veterano del ejército y originario del Reino Unido.
Duke fue condenado por distribución de material de abuso sexual infantil, actividad que admitió haber iniciado antes de obtener la ciudadanía en 2013.
El 13 de junio de 2025, un juez revocó su ciudadanía estadounidense.
Duke ahora se encuentra en prisión, sin nacionalidad (tras renunciar a la británica), y sin abogado de oficio para apelar la decisión.
Aunque el delito por el que fue condenado es grave, el proceso y sus implicaciones han generado alarma entre expertos legales.
Expertos advierten que abrir la puerta a revisar la ciudadanía ya otorgada sienta un precedente peligroso.
Y es que consideran que la ciudadanía no debería ser algo que se pueda cuestionar arbitrariamente solo para algunos.
Criterios amplios y peligrosos
El memorando del DOJ establece que los casos prioritarios incluirán crímenes relacionados con seguridad nacional, fraudes contra programas federales (como Medicare, Medicaid o los préstamos del Paycheck Protection Program), y cualquier otro caso que el DOJ considere “suficientemente importante”.
Esta ambigüedad preocupa a juristas que opinan que los criterios son tan vagos que podrían aplicarse de manera discrecional o arbitraria.
Esto podría convertir a los ciudadanos naturalizados en una categoría jurídica más frágil, separada de los ciudadanos nacidos en EEUU.
Riesgos para familias enteras
Uno de los puntos más críticos es el impacto en las familias.
Si se revoca la ciudadanía de un padre o madre naturalizado, ¿qué sucede con los hijos que obtuvieron la ciudadanía por nacimiento a través de ellos?
Hasta ahora, el DOJ no ha ofrecido respuestas claras sobre este escenario, lo que incrementa la incertidumbre legal para millones.
Debate entre legalidad y derechos humanos
Sectores conservadores, como la Heritage Foundation, apoyan la medida argumentando que protege a la nación de criminales.
Pero otros especialistas en derecho migratorio subrayan que el gobierno no puede dejar a una persona sin nacionalidad sin violar tratados internacionales.
Además, la denaturalización por vía civil debilita garantías constitucionales básicas, como el acceso a una defensa adecuada.
En palabras del asistente del fiscal general Brett A. Shumate, “el DOJ priorizará y perseguirá al máximo las acciones de denaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas”.
Comunidad hispana en alerta
Relacionado
Para los hispanos naturalizados en EEUU, esta política marca un momento crucial.
Aunque las autoridades insisten en que solo se aplicará a quienes hayan cometido delitos graves o hayan mentido durante su proceso de naturalización, la amplitud de los criterios y la vía civil elegida para procesarlos podría poner en riesgo a personas que ni siquiera sabían que estaban en falta.
Estar informado, consultar con abogados especializados y mantener en regla toda la documentación migratoria es más importante que nunca. Esta tendencia podría redefinir el significado mismo de ser ciudadano estadounidense en 2025.
El memorando del DOJ establece que los casos prioritarios incluirán crímenes relacionados con seguridad nacional, fraudes contra programas federales y cualquier otro caso que se considere suficientemente importante
