El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
La imputación, dada a conocer el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, incluye a un total de diez personas que, según las autoridades estadounidenses, habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Acusaciones por tráfico de drogas y protección al crimen
Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026
De acuerdo con el comunicado oficial, los implicados habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
Las autoridades señalan que los acusados no solo facilitaron estas operaciones, sino que también habrían protegido a miembros del crimen organizado, evitando investigaciones, detenciones y procesos judiciales en su contra.
En particular, la acusación apunta a una presunta relación con la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes habrían entregado sobornos millonarios a cambio de protección política.
Señalamientos directos contra Rubén Rocha Moya
Según la Fiscalía estadounidense, Rubén Rocha Moya habría resultado electo como gobernador en 2021 con apoyo indirecto de este grupo criminal, mediante presuntas acciones de intimidación contra sus rivales políticos.
Asimismo, se le acusa de permitir que dicha organización operara con impunidad dentro del estado de Sinaloa bajo un supuesto acuerdo de protección.
Otros funcionarios implicados en la investigación
Entre los acusados también se encuentran figuras relevantes de la política y seguridad en Sinaloa, como:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de gobierno
- Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal estatal
Además, figuran varios exfuncionarios y mandos de seguridad, incluyendo exsecretarios, exjefes policiales y mandos operativos que habrían tenido participación en estas actividades, según la acusación.
Delitos y posibles condenas
Los implicados enfrentan cargos por conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con el uso de estas armas.
De ser encontrados culpables en Estados Unidos, podrían enfrentar penas mínimas de 40 años de prisión, e incluso cadena perpetua.
En el caso específico de Juan Valenzuela Millán, excomandante de la policía municipal de Culiacán, también se le acusa de participar en el secuestro, tortura y asesinato de un informante de la DEA y un familiar, lo que podría derivar en una condena obligatoria de cadena perpetua.
Rubén Rocha Moya rechaza acusaciones
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó de forma contundente las acusaciones en su contra presentadas por autoridades de Estados Unidos.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal aseguró que dichas imputaciones “carecen de veracidad y fundamento”, al tiempo que afirmó que podrá demostrar su inocencia en el momento correspondiente.
El gobernador militante del partido Morena calificó las acusaciones como falsas y aseguró que se trata de un ataque no solo hacia su persona.
Sino también contra el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación, actualmente encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Finalmente, Rocha Moya se dirigió a la población de Sinaloa, asegurando que enfrentará el proceso con firmeza.
“Con el valor y la dignidad que nos caracteriza, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, afirmó.
El caso podría tener implicaciones políticas y diplomáticas relevantes, especialmente en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
