El viernes 18 de julio de 2025, el juez federal Leo Sorokin, designado por Obama, presidió una audiencia en Boston para decidir si mantiene la inhibición nacional contra el decreto presidencial de Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento.
El juez había impugnado ese decreto desde febrero, pero ahora debe reconsiderar la amplitud de su fallo tras una reciente decisión de la Corte Suprema que restringe los mandatos judiciales a nivel nacional.
Contexto del decreto y acción judicial
El decreto, firmado el 20 de enero de 2025, buscaba impedir que nacieran ciudadanos estadounidenses aquellos hijos de padres que no fueran ciudadanos ni residentes legales permanentes.
El juez Sorokin respondió con un interdicto nacional en febrero, afirmando que el decreto violaba la 14ª Enmienda y que tendría “efectos en cascada” y “cicatrices permanentes” en los derechos de los afectados.
Sin embargo, la Corte Suprema, en fallo del 27 de junio, afirmó que los jueces federales no pueden emitir inhibiciones tan amplias, a menos que se garantice “alivio completo” al demandante directo, abriendo la puerta a acciones colectivas y casos de clase, pero limitando las demandas basadas solo por estados.
Lo que debate el juez Sorokin hoy
Durante más de una hora, Sorokin interrogó a los fiscales generales demócratas y a abogados del Departamento de Justicia sobre si el interdicto nacional puede mantenerse bajo los nuevos estándares judiciales.
El gobierno planteó una solución parcial: un bloqueo que impidiera la implementación federal del decreto, pero permitiera que los niños afectados siguieran inscritos en programas estatales de beneficios, con reembolso federal posterior.
El juez mostró reticencia, destacando las dudas sobre la viabilidad operativa de ese arreglo, preguntando: “¿Cómo sé que es viable, factible, practicable?”.
Uno de los abogados estatales, Shankar Duraiswamy (Nueva Jersey), advirtió que una solución parcial generaría caos administrativo: sistemas duplicados, costos adicionales y confusión en elegibilidad.
Además, alertó que una decisión a medias podría provocar migración interna hacia estados con más protección, exponiendo a los gobiernos locales a una carga “inasumible”.
Duraiswamy fue enfático: “No se justifican las medias tintas cuando se trata de suspender una acción ejecutiva flagrantemente inconstitucional”.
¿Qué significa para los hispanos en EE. UU.?
Confianza en el estado de derecho: el debate muestra cómo se defienden cláusulas constitucionales ante órdenes ejecutivas.
Impacto directo en familias: millones de niños nacidos en EE. UU. podrían enfrentar incertidumbre en acceso a ciudadanía y beneficios federales como Medicaid o seguro social.
Estados con alta población hispana como California, Texas y Florida participan directamente en la demanda, subrayando la importancia de la demanda colectiva
Próximos pasos legales
Buzzy
Sorokin decidirá si mantiene el interdicto nacional, lo que seguiría protegiendo a todos en EE. UU., o restringe su fallo a los estados demandantes.
En paralelo, el caso avanza en el Supremo, que debería aclarar en qué condiciones procede un fallo de clase.
El eventual desenlace definiría el alcance de futuros decretos presidenciales y su capacidad para modificar derechos constitucionales sin intervención legislativa.
Entérate de más en ‘QueOnnda.com’
