Florida se ha convertido en el primer estado del país en permitir, legalmente, que migrantes indocumentados puedan ser condenados a pena de muerte, sin necesidad de unanimidad del jurado, siempre que sean hallados culpables de delitos capitales como asesinato en primer grado o violación infantil. Esta medida, aprobada en enero por el gobierno estatal, ha sido calificada por expertos legales y defensores de derechos humanos como “una amenaza directa” contra las comunidades migrantes.
La ley fue impulsada en pleno endurecimiento de la política migratoria tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, con el respaldo activo del gobernador de Florida, Ron DeSantis. En paralelo, el estado ha aumentado su cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), construyendo centros de detención como el controvertido “Alligator Alcatraz”, y autorizando a policías locales a participar en redadas de ICE contra migrantes sin documentos.
Pena de muerte se aplica sin unanimidad
Desde 2023, Florida y Alabama son los únicos estados en los que no se requiere unanimidad del jurado para recomendar la pena capital.
Basta con que 8 de los 12 miembros voten a favor.
Y desde enero de este año, la ley permite imponer la pena de muerte incluso sin recomendación unánime.
Así como en casos que involucren a personas indocumentadas acusadas de delitos considerados agravantes.
“Es flagrantemente inconstitucional”, advirtió la abogada María DeLiberato, directora de la organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte.
“No se puede aplicar una pena de muerte obligatoria, y mucho menos en un proceso que ya excluye garantías básicas”.
Florida rompe récord de ejecuciones en 2025
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Este lunes 15 de julio, Florida realizó la octava ejecución del año, superando así su promedio histórico y quedando a solo una de romper su propio récord anual.
El condenado fue Michael B. Bell, a quien sentenciaron por asesinato y a quien ejecutaron mediante inyección letal.
Además, el estado ya tiene programada una novena ejecución para el 31 de julio, lo que lo convertiría en el territorio con más ejecuciones en un solo año desde 2018, cuando Texas alcanzó 13.
Florida es el tercer estado con más ejecuciones desde que se restableció la pena de muerte en 1976, con un total de 113 muertes, solo por detrás de Texas (595) y Oklahoma (129).
En los últimos tres años, ha ejecutado a 14 personas, y todo indica que la cifra seguirá aumentando.
Actualmente, 283 personas esperan en el corredor de la muerte.
Aunque Florida ha exonerado a más reos injustamente condenados que cualquier otro estado —30 en total—, el sistema continúa siendo uno de los más agresivos en su aplicación de la pena capital.
Críticas desde sectores religiosos y civiles
El aumento de ejecuciones y la aplicación de esta nueva ley ha generado fuertes críticas de líderes religiosos, organizaciones legales y defensores de inmigrantes.
Acusan al estado de usar la pena de muerte como arma política.
La Arquidiócesis de Miami calificó la tendencia como “corrosiva” y pidió frenar las ejecuciones.
Es flagrantemente inconstitucional
Por su parte, el congresista estatal Berny Jacques respaldó públicamente la política.
La relacionó con el “renovado interés en el orden público” tras la victoria de Trump en 2024.
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