Florida ha iniciado la construcción de un nuevo centro de detención para migrantes en una zona remota de los Everglades, reutilizando un antiguo aeródromo y empleando grandes tiendas de campaña para albergar a personas detenidas por inmigración. Apodado informalmente como “Alligator Alcatraz”, este proyecto ha generado polémica por sus condiciones extremas, su aislamiento geográfico y el costo proyectado de 450 millones de dólares anuales.
El proyecto forma parte de una estrategia nacional impulsada por la administración Trump para ampliar la capacidad de detención migratoria y acelerar las deportaciones. Según el fiscal general de Florida, James Uthmeier, aliado cercano de Trump, la ubicación no requerirá grandes medidas de seguridad, ya que la fauna peligrosa del área —como caimanes y serpientes— actuará como disuasivo natural.
Instalación temporal
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el objetivo es tener parte del campamento operativo en julio de 2025.
Mientras continúan las obras para sumar hasta 5,000 camas adicionales.
Florida espera obtener reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Aunque esos fondos originalmente estaban destinados a apoyar a ciudades como Nueva York en el alojamiento humanitario de migrantes.
La ubicación no requerirá grandes medidas de seguridad
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó su preocupación por la falta de consulta previa.
También pidió más tiempo para evaluar el impacto del proyecto en Everglades.
Aún no está claro si otras jurisdicciones locales tendrán autoridad para fiscalizar la operación del centro.
Preocupaciones legales
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Organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado el centro en los Everglades, Florida, como una medida extrema y potencialmente inconstitucional.
Mark Fleming, del National Immigrant Justice Center, advirtió que mantener a migrantes en tiendas de campaña en el calor del verano y sin claridad sobre servicios médicos básicos pone en riesgo su salud y dignidad.
Además, críticos argumentan que se está creando un sistema de detención paralelo, sin rendición de cuentas directa al sistema judicial o al gobierno federal.
El número actual de inmigrantes detenidos por ICE supera los 55,000, un incremento significativo desde el cierre de la administración Biden, cuando se reportaban unos 40,000 detenidos.
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