El caso por el asesinato de Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años asesinada en Houston en junio de 2024, ha sumado un nuevo elemento de controversia. Franklin José Peña Ramos, uno de los dos acusados, ahora enfrenta la revelación de una acusación previa de violación ocurrida supuestamente en Costa Rica, antes de su ingreso a Estados Unidos.
La revelación fue hecha por la exfiscal del condado de Harris, Kim Ogg, quien indicó en una entrevista que una ciudadana estadounidense denunció que Franklin Peña la agredió sexualmente en Costa Rica. Según la exfiscal, la víctima habría reconocido a Peña tras ver su imagen difundida públicamente en relación con el caso de Jocelyn. Esta denuncia, de acuerdo con las declaraciones de Ogg, no fue procesada en su momento por las autoridades costarricenses. Sin embargo, la información salió a la luz en medio del proceso judicial en Texas, complicando aún más la situación legal del acusado.
La defensa reacciona y solicita sanciones
Las declaraciones de la exfiscal generaron fuerte polémica en la corte.
Los abogados de defensa de Franklin Peña Ramos argumentaron que Ogg violó la orden de silencio vigente al divulgar detalles sensibles del caso a los medios de comunicación.
Solicitaron al juez Josh Hill que declarara a la exfiscal en desacato.
Además de que se iniciara una investigación penal en su contra por posible uso indebido de información confidencial.
Además, sostienen que la intervención pública de Ogg, quien ya no ocupa un cargo oficial, podría influir en la opinión pública.
Aparte de afectar el derecho a un juicio justo para su cliente.
Juez amplía la orden de silencio
Ante la controversia, el juez Hill amplió la orden de silencio vigente, conocida como gag order.
Limitando aún más las declaraciones públicas de las partes involucradas en el proceso.
La información salió a la luz en medio del proceso judicial en Texas
Esta medida busca proteger la integridad del juicio y evitar que los procedimientos judiciales se vean contaminados por comentarios en los medios de comunicación.
El juez también evaluó, aunque sin aprobar por el momento, la posibilidad de extender estas restricciones a familiares de la víctima y otros posibles testigos, dada la alta exposición mediática que ha tenido el caso.
Un caso rodeado de debate político
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Más allá del ámbito judicial, figuras políticas utilizan este caso en el debate sobre inmigración.
Esto debido a que tanto Franklin Peña Ramos como el otro acusado, Johan José Martínez Rangel, son ciudadanos venezolanos que ingresaron a Estados Unidos sin autorización.
Este componente migratorio ha sido explotado por sectores políticos que abogan por políticas migratorias más estrictas, especialmente durante un año electoral cargado de tensiones sobre el tema.
Franklin Peña enfrenta cargos de asesinato agravado con posibilidad de pena capital.
El proceso continúa avanzando, ahora bajo una estricta vigilancia judicial respecto a las declaraciones públicas de cualquier persona involucrada directa o indirectamente en el caso.
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