Según investigaciones del New York Times, el gobierno de Trump, por medio del ICE, implementa una estrategia poco conocida: separar a los hijos de padres inmigrantes indocumentados que se niegan a acatar órdenes de deportación, usando a los niños como palanca para lograr su salida del país.
Se identificaron al menos nueve casos confirmados basados en documentos internos, archivos judiciales y entrevistas. Tipos de presión descritos incluyen:
Si deseas quedarte, perderás a tus niños / Si accedes a deportarte, se van juntos.
Expansión de redadas y arbitrariedades

La práctica se da en un contexto de detenciones masivas, donde ICE ha duplicado su actividad.
Pasó de 17 000 arrestos mensuales en inicios del año a casi 35 000 en junio, en su mayoría personas sin historial criminal.
Más del 70 % de los detenidos no tenían antecedentes penales.
Operaciones incluyen arrestos en escuelas, iglesias y tribunales, y la detención de familias incluso tras audiencias rutinarias.
Surgimiento de la “policía secreta”

El senador Cory Booker advirtió de una “policía secreta” que recorre el país deteniendo incluso a personas con derecho legal a estar aquí, un fenómeno alarmante y creciente.
Activistas, líderes religiosos y vecinos han respondido organizando redes de vigilancia y apoyo como ICE Block, alertas comunitarias y acompañamiento en cortes judiciales.
La práctica se da en un contexto de detenciones masivas
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Además, un informe del senador Jon Ossoff documentó más de 500 casos verídicos de abuso en centros de detención desde enero de 2025.
Incluyen malos tratos a embarazadas, niños con enfermedades sin atención médica y condiciones insalubres graves.
Artículos recientes de Time y The New Yorker revelan que estos centros han causado traumas profundos y vuelto a operar como mecanismos de disuasión masiva.
Panorama y posibles cambios

Con la reciente aprobación de un presupuesto que triplica la financiación de ICE y un plan para contratar hasta 20 000 agentes adicionales, la campaña de deportaciones masivas se intensifica aún más.
Si no se frenan, estas políticas podrían transformar el país en una versión autoritaria de vigilancia comunitaria.
Las organizaciones civiles y figuras públicas están presionando con demandas judiciales y propuestas legislativas como la “Dignity Act” para proteger a inmigrantes no criminales.
Mientras, el debate público se polariza cada vez más.
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