Organizaciones defensoras de los derechos civiles, encabezadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han presentado una demanda federal contra el gobierno del presidente Donald Trump por implementar una política que elimina la posibilidad de libertad bajo fianza para miles de inmigrantes detenidos en EE.UU.
La acción legal, considerada un paso clave en la defensa del debido proceso, tiene como eje la reciente instrucción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que impide que inmigrantes sin antecedentes penales o con solicitudes de asilo pendientes puedan solicitar fianza mientras se resuelve su caso.
¿Qué dice la demanda?
El documento legal sostiene que la nueva política viola la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Esto al negar el derecho al debido proceso legal.
Según Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU:
“La Constitución garantiza el derecho a la igualdad y al debido proceso a todas las personas dentro del país, sin importar su estatus migratorio”.
De mantenerse vigente la medida, miles de inmigrantes quedarían detenidos indefinidamente, incluso por años.
Sin opción a libertad condicional mientras sus casos migratorios son evaluados en cortes saturadas.
¿Quiénes respaldan la demanda?
De mantenerse vigente la medida, miles de inmigrantes quedarían detenidos indefinidamente
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La demanda colectiva ha sido interpuesta por la ACLU nacional, junto con la ACLU del Sur de California.
Así como por el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP) y los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz, expertos en derecho migratorio.
El recurso busca representar a todos los inmigrantes afectados por esta política en EE.UU., incluyendo los detenidos en el centro de detención de Adelanto, California.
Afectación en Puerto Rico y otras regiones
De acuerdo con Annette Martínez, directora de la ACLU en Puerto Rico, la política ha tenido impacto incluso fuera del territorio continental.
“Ya ha habido casos documentados de personas detenidas en la isla a quienes se les negó injustamente la fianza”, señaló.
La eliminación generalizada de audiencias de fianza ha sido especialmente perjudicial para inmigrantes con casos de asilo, víctimas de violencia o personas con lazos familiares en EE.UU.
Que ahora enfrentan la posibilidad de pasar meses o años en centros de detención sin siquiera comparecer ante un juez de inmigración para pedir su liberación.
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