El Gobierno de Venezuela denunció que cuatro niños fueron separados de sus madres por autoridades estadounidenses antes de que estas fueran deportadas al país sudamericano.
La denuncia fue realizada públicamente por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, durante su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, transmitido por la cadena estatal VTV.
Mamás venezolanas deportadas fueron separadas de sus hijos
Según Diosdado Cabello, tres de las mujeres que fueron repatriadas en un vuelo de deportación desde Estados Unidos relataron que les arrebataron a sus hijos antes de abordar el avión.
Dos de los menores son hijos de una misma madre, lo que eleva a cuatro el número de niños supuestamente separados de sus familias en este vuelo.
La aeronave transportaba a 203 migrantes venezolanos deportados, 49 de ellos mujeres.
“Les arrebataron a sus hijos saliendo de Estados Unidos”, dijo el ministro.
“No estamos hablando de una separación voluntaria ni de decisiones judiciales informadas, sino de algo que, según ellas, ocurrió de manera abrupta y forzada”, declaró Cabello.
El ministro calificó el hecho como un acto de “secuestro”, término que ha sido usado repetidamente por el oficialismo para referirse a las políticas migratorias de Washington.
Contexto de las denuncias
Diosdado Cabello también aseguró que estos nuevos casos se suman a los 18 niños venezolanos que, según su gobierno, permanecen “retenidos” en Estados Unidos luego de haber sido separados de sus padres durante procesos migratorios.
Caracas sostiene que estos menores fueron víctimas de políticas de detención y deportación que no respetan el principio de unidad familiar.
Eso es algo que ha sido duramente criticado por organismos internacionales de derechos humanos en el pasado, especialmente durante la implementación de la política de “tolerancia cero” en la frontera durante el mandato anterior de Donald Trump, quien actualmente ejerce su segundo mandato como presidente de EEUU.
Acusaciones contra El Salvador
Durante el mismo programa, Cabello lanzó acusaciones directas contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien acusó de “secuestrar” a 252 ciudadanos venezolanos que actualmente se encuentran detenidos en un centro penitenciario de máxima seguridad en ese país centroamericano.
Estos migrantes, según el gobierno venezolano, fueron deportados desde Estados Unidos en marzo de este año y trasladados a El Salvador, donde se encuentran recluidos bajo condiciones calificadas por Caracas como “inhumanas”.
“El Salvador se ha convertido en un campo de concentración para venezolanos”, afirmó Cabello.
Además, señaló que estos ciudadanos no tienen acceso a asistencia consular y que sus familias desconocen su estado actual.
Solicitud de intervención del Vaticano
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En un esfuerzo por escalar el asunto de las mamás venezolanas deportadas sin sus hijos a instancias internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro ha entregado una carta al nuncio apostólico en Caracas, monseñor Alberto Ortega, dirigida al papa León XIV, solicitando su mediación en lo que consideran una crisis humanitaria relacionada con la separación familiar de migrantes venezolanos.
El Ejecutivo chavista ha hecho de estas denuncias parte de su narrativa contra Estados Unidos, acusando al gobierno de Donald Trump de promover prácticas “inhumanas” contra los migrantes y de violar convenios internacionales sobre derechos del niño y reunificación familiar.
Este tipo de denuncias pone nuevamente en foco la situación de los más de 500 mil venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos, muchos de ellos en situación migratoria irregular o a la espera de asilo.
Aunque el país ofrece ciertas protecciones, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente para venezolanos hasta enero de 2026, miles siguen expuestos a procesos de detención y deportación, especialmente quienes ingresaron sin documentación o no lograron cumplir con los requisitos establecidos.
Organizaciones de defensa de migrantes en EEUU han llamado a garantizar el respeto a los derechos familiares y a evitar separaciones que puedan causar traumas a largo plazo, especialmente en menores de edad.
No estamos hablando de una separación voluntaria ni de decisiones judiciales informadas, sino de algo que, según ellas, ocurrió de manera abrupta y forzada
