En 2025, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha reactivado una política migratoria que impone multas de hasta $998 diarios a ciertos inmigrantes indocumentados. La norma aplica específicamente a aquellos que cuentan con una orden final de deportación y continúan viviendo en el país sin haber salido conforme a lo establecido.
Este programa tiene su base legal en una ley de 1996, firmada durante el mandato de Bill Clinton, aunque fue aplicado activamente durante el primer mandato de Trump. En 2021, el gobierno de Joe Biden suspendió su implementación, pero ahora ha sido restablecida con fuerza durante el nuevo mandato de Trump.
¿A quiénes afectan estas multas?
Estas sanciones, o multas, afectan a:
Inmigrantes con órdenes finales de deportación vigentes.
Personas que no han abandonado el país según lo ordenado.
Aquellos que han demorado o dificultado su salida intencionalmente.
Un funcionario federal explicó que las multas pueden aplicarse de forma retroactiva hasta por cinco años, lo que puede significar una deuda acumulada de cientos de miles de dólares o incluso más de $1 millón por persona.
Caso que muestra la gravedad
Un ejemplo emblemático es el de una inmigrante hondureña en Florida, quien recibió recientemente una multa de $1.82 millones.
Según relató, nunca fue notificada de la orden de deportación que se emitió en su contra en 2005, pero ahora enfrenta esta cifra astronómica.
Este programa tiene su base legal en una ley de 1996
Su abogada ha argumentado que la mujer carece de antecedentes penales recientes.
Y está tramitando una solicitud para ajustar su estatus legal, lo que podría darle acceso a la residencia permanente.
¿Qué sucede si no se paga la multa?
Si el inmigrante no paga la multa, el gobierno podría recurrir a medidas de confiscación de bienes.
Incluyendo propiedades inmobiliarias, vehículos, cuentas bancarias y negocios registrados a nombre de la persona sancionada.
¿Cómo proteger los bienes personales?
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Algunos abogados de inmigración y planificación patrimonial sugieren estrategias legales para proteger activos:
Crear sociedades LLC: Transferir la propiedad de bienes a sociedades de responsabilidad limitada.
Usar fideicomisos (Trusts): Permite que los bienes estén bajo control de una entidad legal y no directamente del individuo.
Registrar negocios a nombre de familiares o socios: Para separar la titularidad personal de los activos comerciales.
Estas herramientas deben implementarse siempre bajo la guía de un abogado especializado, ya que su validez y efectividad pueden variar según el estado.
El gobierno también ha impulsado el uso de la aplicación CBP Home (antes CBP One), una herramienta digital que permite a los inmigrantes con orden de deportación iniciar un proceso de salida voluntaria, lo cual podría eximirlos de estas severas multas.
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