Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos difundieron este jueves un video en el que se observa un nuevo ataque aéreo contra una embarcación rápida en el Pacífico Oriental, presuntamente utilizada para el tráfico de drogas.
El operativo, que dejó cuatro tripulantes muertos, ocurre mientras crece la presión en el Congreso para esclarecer la legalidad de la ofensiva militar de la Administración Trump en aguas internacionales.
Nuevo ataque a narco lancha
On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025
El Comando Sur (U.S. Southern Comand) confirmó que la operación forma parte de “Lanza del Sur”, la campaña antinarcóticos que el Gobierno estadounidense ha intensificado desde septiembre y que ya suma más de 20 embarcaciones destruidas en zonas cercanas a Venezuela.
Según el comunicado, la orden directa del ataque fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien enfrenta un creciente escrutinio tras revelaciones de un presunto segundo bombardeo destinado a eliminar sobrevivientes en un operativo previo en el Caribe.
El video publicado muestra una aeronave militar disparando contra la lancha a gran velocidad.
Aunque el Comando Sur calificó a los fallecidos como “narcoterroristas”, no reveló qué organización criminal operaba el bote ni si se recuperó evidencia de droga o armamento, datos que usualmente se incluyen en los informes posteriores a un decomiso.
Investigación en el Senado y cuestionamientos legales
NEW: Admiral Frank Bradley arrives on Capitol Hill for a classified briefing on the “double tap” boat strike, where US forces hit a target once, then hit survivors and vessels again as they tried to flee.
He’s the one Trump and Hegseth are trying to throw under the bus to save… pic.twitter.com/KYJfx0BQ3Q
— Christopher Webb (@cwebbonline) December 4, 2025
Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley, comandante de operaciones especiales conjuntas, compareció a puerta cerrada ante el Comité de Servicios Armados del Senado.
Legisladores de ambos partidos buscan determinar si la campaña de Lanza del Sur cumple con el derecho internacional, los protocolos de combate y las reglas de enfrentamiento vigentes, especialmente ante denuncias que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
La polémica estalló la semana pasada, cuando The Washington Post reportó que, en el ataque del 2 de septiembre en el Caribe, fuerzas estadounidenses ejecutaron un segundo bombardeo dirigido específicamente a dos sobrevivientes del primer impacto.
El Pentágono negó irregularidades, pero no ha aclarado públicamente si existen órdenes que permitan ataques adicionales una vez neutralizada la embarcación.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad han advertido que, si se confirma el patrón de atacar sobrevivientes desarmados, EE.UU. enfrentaría cuestionamientos internacionales y posibles litigios bajo tratados de guerra.
La dimensión internacional del conflicto
Escalating military action in Venezuela without authorization cuts directly against President Trump’s America-First instinct to keep us out of unnecessary foreign entanglements. Everyone recognizes the devastation socialism brings but, it is not the role of the United States to… pic.twitter.com/HblWu7qSYs
— Senator Rand Paul (@SenRandPaul) December 4, 2025
El Gobierno de Donald Trump ha insistido en que los operativos son necesarios para detener lanchas rápidas que transportan cargamentos de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.
No obstante, la estrategia ha provocado fricciones diplomáticas con países de la región.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció públicamente en octubre que una de las lanchas atacadas por EE.UU. era en realidad un barco colombiano con pescadores locales, no narcotraficantes.
Esta semana, los familiares de uno de los fallecidos presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta ejecución extrajudicial.
Según organizaciones civiles, al menos 80 personas han muerto en la campaña militar, un número que podría aumentar si continúan las operaciones en zonas marítimas compartidas.
Ataques podrían expandirse a territorio venezolano
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En declaraciones recientes, el presidente Trump afirmó que Estados Unidos se prepara para iniciar operaciones en “territorio enemigo” contra objetivos ligados al narcotráfico venezolano, lo que elevaría el conflicto a un nivel sin precedentes en décadas.
El Gobierno venezolano ha calificado las amenazas de “acto de agresión”, mientras expertos advierten que una incursión terrestre podría desencadenar un incidente militar internacional.
Para la comunidad hispana en EE.UU.—en especial colombianos, venezolanos y centroamericanos—este nuevo episodio añade incertidumbre, ya que muchos familiares trabajan o viajan en zonas costeras donde ocurren los operativos.
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