El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo disposiciones aún vigentes impulsadas durante la administración Trump, ha reactivado en 2025 la operación Ángel Guardián, un plan federal diseñado para contrarrestar las políticas de protección migratoria de las llamadas “ciudades santuario”, empezando por el estado de California.
El programa entró oficialmente en vigor el pasado 10 de mayo, con su primer despliegue operativo en condados del sur de California, particularmente en Los Ángeles, una ciudad que durante décadas ha sido símbolo de la resistencia a la cooperación con agencias federales de inmigración como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
¿Qué implica esta operación Ángel Guardián?
Ángel Guardián autoriza a agentes federales a intervenir en cárceles locales para impedir la liberación de personas arrestadas, incluso si ya han cumplido su condena o se les concedió libertad bajo fianza.
En su lugar, deben ser transferidas directamente a custodia de ICE, con el objetivo de iniciar un proceso de deportación inmediata.
La orden también exige que ninguna autoridad local puede liberar a un detenido sin la aprobación directa del ICE, lo cual representa un giro radical en la política migratoria a nivel estatal y local.
En sus primeras dos semanas de implementación, se ha reportado la intercepción de al menos 13 personas en cárceles del condado de Los Ángeles.
Expertos advierten que la cifra aumentará rápidamente, ya que los agentes federales están autorizados a mantener detenidas a personas por delitos menores e incluso por arrestos no concluyentes.
¿A quiénes afecta?
El programa no solo se dirige a inmigrantes indocumentados, sino que también incluye a residentes permanentes legales (titulares de green card) que hayan tenido cualquier tipo de contacto con el sistema de justicia penal, sin importar si fueron encontrados culpables o no.
Esto significa que una simple detención por una infracción de tránsito, alteración del orden público o falta menor puede bastar para que ICE solicite su retención y posterior deportación, sin necesidad de que exista una sentencia judicial.
Conflicto con las políticas locales
Desde 1979, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) aplica la Orden Especial 40, que prohíbe a los oficiales detener a alguien únicamente por su estatus migratorio.
Sin embargo, esta política entra en conflicto directo con la nueva orden federal, que obliga a las agencias policiales locales a notificar a ICE cuando una persona con estatus migratorio cuestionable es arrestada.
Esto representa una ruptura legal y operativa entre gobiernos locales y federales, lo que podría desencadenar demandas y conflictos jurisdiccionales en las cortes.
Los inmigrantes están aterrados por todas las estrategias y operativos de la administración de Trump que están implementando contra ellos
Advertencia para la comunidad hispana
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Abogados de inmigración han emitido alertas urgentes para los inmigrantes que viven en Estados Unidos, especialmente en California.
Recomiendan evitar toda situación que pueda llevar a una interacción con la policía, incluso por razones menores, ya que la detención en sí misma —aunque no haya condena— puede activar la intervención de ICE bajo el paraguas de la operación Ángel Guardián.
También aconsejan llevar siempre consigo documentación migratoria vigente, conocer sus derechos al momento de una detención y tener a mano el contacto de un abogado especializado.
La reactivación de la operación Ángel Guardián representa un cambio profundo en la política migratoria interna, enfocándose ahora en personas que ya se encuentran dentro del sistema judicial, sin necesidad de arrestos por razones migratorias puras.
Para la comunidad hispana, esto significa que acciones rutinarias pueden tener consecuencias migratorias devastadoras, por lo que se recomienda actuar con extrema cautela y buscar orientación legal ante cualquier duda.
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