La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vetó una controvertida propuesta de ley que habría obligado a los hospitales del estado a preguntar por el estatus migratorio de los pacientes que acudieran a emergencias médicas.
La decisión ha sido aplaudida por organizaciones proinmigrantes y profesionales de la salud, quienes consideraban la medida peligrosa y discriminatoria.
La iniciativa, impulsada por legisladores republicanos, proponía que todos los hospitales que reciben fondos federales bajo Medicaid tuvieran que verificar y registrar el estatus migratorio de quienes solicitaran atención en salas de urgencias.
De acuerdo con los promotores, el objetivo era crear un registro oficial del costo económico que representa la atención médica a inmigrantes indocumentados en Arizona.
Hobbs defiende el acceso a cuidados médicos sin temor
En la carta oficial enviada al Congreso estatal explicando su veto, la gobernadora Hobbs dejó claro que la mayoría de los inmigrantes indocumentados no califican para Medicaid, lo que hace innecesario este tipo de verificación.
Además, subrayó que “el acceso a atención médica de emergencia debe permanecer libre de barreras y sin temor a represalias migratorias”.
Rechazo desde la comunidad médica y organizaciones civiles
La propuesta generó una fuerte respuesta de rechazo por parte de hospitales, clínicas, cámaras de comercio, defensores de derechos civiles y organizaciones latinas.
Argumentaban que el requerimiento no solo violaría la privacidad de los pacientes, sino que también desalienta a personas en situación vulnerable de buscar atención médica urgente, incluso en casos que podrían poner en riesgo su vida.
Además, activistas advirtieron que, aunque la propuesta no incluía el envío de datos a ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), el solo hecho de recopilar esta información generaba clima de miedo en la comunidad inmigrante, especialmente en un estado como Arizona con historial de políticas migratorias severas.
Un caso que encendió la alarma
El veto coincidió con la denuncia pública del caso de “Francisco”, un hombre de origen mexicano que fue arrestado por agentes de ICE el pasado 12 de mayo al acudir al Hospital San José en Tucson para recoger a su hermano, quien se encontraba en la sala de emergencias.
Según testigos, un empleado del hospital cuestionó el estatus migratorio de ambos y posteriormente los habría denunciado ante autoridades migratorias.
Este incidente ha reforzado los temores de que el sistema de salud se convierta en una extensión de las agencias de inmigración, lo que pondría en riesgo la salud pública al empujar a comunidades enteras a evitar los hospitales por miedo a ser detenidos.
Cuestionar estatus migratorio en hospitales de Arizona
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Este veto es uno de varios que la gobernadora Hobbs ha emitido durante la actual sesión legislativa estatal, en la que legisladores republicanos han intentado implementar medidas similares a las impulsadas por la administración de Donald Trump en materia de migración.
Entre esas propuestas están:
Obligar a la policía local a colaborar con ICE, incluyendo la retención de personas detenidas hasta por 48 horas mientras se verifica su estatus migratorio.
Exigir a agencias estatales y contratistas verificar el estatus migratorio de personas que soliciten beneficios públicos.
Aunque estas iniciativas han sido frenadas en el escritorio de Hobbs, los legisladores conservadores ya han anunciado su intención de llevar algunas de ellas a referéndum en las elecciones estatales de 2026, lo que podría cambiar el panorama legal si obtienen el respaldo popular.
El acceso a atención médica de emergencia debe permanecer libre de barreras y sin temor a represalias migratorias
Katie Hobbs, gobernadora de Arizona
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