El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revocó una directriz que limitaba las redadas migratorias en sectores esenciales como el agrícola, hotelero y de alimentos, una medida que marca un giro inesperado en la estrategia del gobierno de Donald Trump respecto a la aplicación de la ley migratoria.
A pesar de que la semana pasada el presidente había insinuado posibles exenciones para trabajadores indocumentados en estas industrias —tras la presión de productores agrícolas, empresarios hoteleros y voces del propio gabinete— altos funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmaron internamente que las redadas continúan sin cambios, según reportó The Washington Post.
¿Qué cambió?

El presidente Trump había señalado en redes sociales que escucharía las preocupaciones de los sectores afectados, escribiendo que “nuestros estupendos granjeros y la gente del negocio de la hostelería y el ocio han dicho que nuestra política migratoria les está quitando trabajadores muy buenos, y que esos puestos son casi imposibles de reemplazar”.
En ese mismo mensaje, añadió: “Se avecinan cambios”, lo que generó esperanzas entre trabajadores y empleadores.
Sin embargo, según dos fuentes con conocimiento de una llamada interna de ICE, los agentes recibieron la instrucción de continuar los arrestos en granjas, hoteles y restaurantes, incluso si previamente había circulado un correo electrónico interno pidiendo “suspender” los operativos temporalmente.
La nueva orden habría anulado esa pausa.
Efectos económicos y sociales

La noticia genera una nueva ola de incertidumbre para miles de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos hispanos, que laboran en sectores esenciales para la economía de EEUU.
El impacto no solo es personal —por el miedo a la deportación— sino también económico: gran parte de los trabajadores agrícolas y hoteleros en estados como California, Texas y Florida son de origen latinoamericano y llevan años contribuyendo en sus empleos sin estatus legal.
De acuerdo con expertos en migración, esta decisión podría responder a presiones internas dentro del equipo de Trump, particularmente del asesor Stephen Miller, ampliamente identificado como el artífice de las políticas migratorias más restrictivas de esta administración.
El activista Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, publicó en la red social X que “Miller se sale con la suya… granjas, restaurantes y hoteles vuelven a ser objetivo de redadas de ICE, con una intensa presión para alcanzar los 3,000 arrestos diarios”.
Voces latinas alzan la voz

Aunque la Casa Blanca no ha emitido una postura formal tras la contradicción entre el mensaje del presidente y las acciones de ICE, varios sectores productivos y organizaciones defensoras de inmigrantes están solicitando claridad.
Algunos legisladores demócratas ya han pedido al Congreso que exija explicaciones y que se impongan límites a redadas en industrias esenciales para garantizar estabilidad laboral y derechos humanos básicos.
Mientras tanto, organizaciones comunitarias han intensificado campañas de “conozca sus derechos” para preparar a los trabajadores ante posibles detenciones.
También se recomienda a quienes trabajan en estos sectores mantener contacto con abogados de inmigración, tener sus documentos disponibles y evitar entregar información sin orden judicial.
Para muchas familias inmigrantes, esta noticia significa volver al miedo diario.
Aunque el mensaje del presidente dio esperanzas temporales, las acciones recientes reafirman que, por ahora, la política migratoria prioriza los arrestos, incluso en sectores que sostienen gran parte de la economía nacional.
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