En agosto de 2025, un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó la orden de restricción temporal (TRO) que impide las redadas migratorias indiscriminadas en el sur de California.
El fallo se da en el marco de la demanda colectiva Pedro Vásquez Perdomo et al. vs. Kristi Noem, que cuestiona la legalidad de las tácticas usadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
¿Qué ordenó el tribunal?
El panel de tres jueces —Ronald M. Gould, Marsha S. Berzon y Jennifer Sung— concluyó que:
ICE no puede detener a personas sin sospecha razonable.
No se puede usar como criterio el idioma, acento, raza, lugar o tipo de trabajo.
La redada de junio en Pasadena violó derechos constitucionales.
Este criterio aplica a todos los condados del Distrito Central de California: Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara, San Luis Obispo, Orange, Riverside y San Bernardino.
El origen de la demanda
La acción legal fue presentada por Public Counsel y la ACLU tras el arresto de cinco trabajadores hispanos en Pasadena y otros condados.
Los detenidos alegan haber sido retenidos sin justificación ni acceso a abogados, en lo que llaman una “campaña de secuestro institucional”.
Según los testimonios, agentes enmascarados detuvieron a personas en paradas de autobús y sitios de trabajo sin identificarse.
Esta práctica fue considerada una violación directa de la Cuarta Enmienda, que prohíbe registros y detenciones arbitrarias.
Argumentos del gobierno y respuesta judicial
Durante la audiencia de apelación del tribunal, el fiscal del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, defendió las detenciones como “legales y justificadas”.
Sin embargo, los jueces exigieron claridad sobre una supuesta cuota de 3 000 arrestos diarios.
Roth negó que existiera tal directiva, afirmando que la cifra proviene de reportes periodísticos.
El tribunal concluyó que el gobierno no logró demostrar que las detenciones respondieran a criterios objetivos, sino a perfiles amplios sin validez legal.
Líderes locales y defensores celebran el fallo
ICE no puede detener a personas sin sospecha razonable
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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la decisión como una “victoria para el estado de derecho y nuestras comunidades”.
Diversos activistas han señalado que este fallo pone un límite importante a los abusos cometidos durante las redadas.
Mohammad Tajsar, abogado de la ACLU, declaró:
“Esta decisión confirma que la invasión paramilitar de Los Ángeles por parte de la administración violó la Constitución y causó daños irreparables”.
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