Kilmar Abrego García, un residente de Maryland de origen salvadoreño, fue deportado por error a El Salvador en marzo de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en lo que las autoridades describieron como un “error administrativo”.
Meses después, tras presiones judiciales, fue finalmente devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales, según confirmó la fiscal general Pam Bondi, en un caso que ha generado mucho escándalo.
Acusaciones penales contra Kilmar Abrego García
Este caso se convirtió en un foco de conflicto entre la administración de Donald Trump y el poder judicial federal, que emitió múltiples órdenes para que el gobierno facilitara el regreso de Abrego desde El Salvador.
Un juez federal llegó a advertir que el incumplimiento podía desencadenar una “crisis incipiente” entre el Ejecutivo y el Judicial.
Kilmar Abrego García fue acusado formalmente por un tribunal del Distrito Medio de Tennessee de dos delitos:
-Conspiración para transportar ilegalmente a inmigrantes con fines de lucro.
-Transporte ilegal de inmigrantes indocumentados con fines lucrativos.
El pliego acusatorio sostiene que Abrego y otros implicados habrían trasladado a miles de personas sin estatus legal dentro de Estados Unidos, incluyendo presuntos miembros de la pandilla MS-13.
Sin embargo, tanto Abrego como su familia niegan los cargos y afirman que él huyó de la violencia de pandillas en El Salvador y no pertenece a ningún grupo criminal.
Tras su deportación, Abrego fue enviado a la mega-cárcel de máxima seguridad en El Salvador, una instalación conocida por albergar a peligrosos reclusos, entre ellos miembros de pandillas. Permaneció allí durante semanas antes de ser trasladado a otro centro.
La deportación también violó una orden judicial de 2019 que prohibía su regreso a El Salvador por el riesgo de violencia. A pesar de esto, el gobierno insistió en que, aunque no podía devolverlo a su país natal, sí podía deportarlo a un tercer país.
Reacciones políticas y contradicciones en el discurso oficial
El caso tomó un giro político cuando el expresidente Trump hizo declaraciones contradictorias.
Primero afirmó que Estados Unidos no tenía autoridad para repatriarlo porque estaba bajo custodia de un gobierno extranjero. Sin embargo, luego afirmó en una entrevista con ABC News:
“Podría traerlo de vuelta. Hay un teléfono en este escritorio.” Y agregó: “Podría hacerlo”.
Estas declaraciones generaron dudas sobre la voluntad del Ejecutivo de cumplir con los fallos judiciales, algo que fue criticado incluso dentro del Partido Republicano.
Por su parte, el senador demócrata Chris Van Hollen visitó a Abrego en El Salvador, generando atención nacional y promoviendo el debate sobre el debido proceso en las deportaciones.
¿Podrá quedarse en EE.UU.?
Aunque Abrego ya está de regreso en suelo estadounidense, no hay garantía de que podrá permanecer en el país.
El gobierno ha dejado abierta la posibilidad de deportarlo nuevamente, esta vez a un tercer país, o incluso anular la orden judicial de 2019 que le brindaba protección.
Además, la administración lo acusa de ser miembro de la MS-13, una organización calificada como terrorista extranjera, aunque sus abogados rechazan categóricamente esa afirmación.
La jueza federal Paula Xinis ha ordenado una fase de recopilación de pruebas para evaluar si el gobierno está cumpliendo con su mandato judicial.
Aunque el proceso continúa, ha transcurrido mayormente fuera de la vista pública en las últimas semanas.
El caso del salvadoreño recibió mucha atención mediática que provocó escándalo
Un caso emblemático en el contexto migratorio
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Abrego llegó a Estados Unidos en 2012 con 16 años. Fue arrestado en 2019 y entregado a ICE.
En ese momento, expresó su temor de ser devuelto a El Salvador, y un juez falló a su favor prohibiendo su deportación.
Este no es un caso aislado. La administración Trump ha sido señalada por otras deportaciones erróneas, incluyendo la de un ciudadano guatemalteco enviado aceleradamente a México, quien también fue repatriado recientemente tras una revisión judicial.
Este caso pone de relieve las fallas del sistema migratorio, así como la necesidad de una vigilancia constante por parte del poder judicial y la sociedad civil.
Para la comunidad hispana en EE.UU., representa una advertencia clara sobre la importancia de conocer sus derechos legales y buscar asistencia si enfrentan procedimientos de deportación.
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