Este martes 5 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump reconoció en entrevista con CNBC que los trabajadores migrantes deportados son difíciles de sustituir, especialmente en la agricultura. Afirmó que “las personas que viven en las ciudades no hacen ese trabajo” porque “los migrantes lo hacen de forma natural”.
Amparándose en mantener su política de deportaciones enfocada en criminales, Trump aseguró que está trabajando con agricultores para minimizar el impacto económico y permitir que algunos trabajadores migrantes regresen legalmente mediante permisos especiales.
Efectos en la economía laboral y agrícola
Sectores como la agricultura, hotelería y ocio ya enfrentan escasez
de mano de obra.
Presentan una caída de hasta 1.7 millones de trabajadores extranjeros entre marzo y julio, según el informe laboral de julio de 2025.
Las personas que viven en las ciudades no hacen ese trabajo
Donald Trump
La cruzada migratoria ha generado alarma entre agricultores.
ICE realizó operativos masivos, lo que provocó ausencia de hasta el 70 % de los
trabajadores migrantes tras las redadas, justo en temporada de cosecha, según reportes de la industria.
Propuestas y resistencia de agricultores
El gobierno anunció planes para un programa tipo “touchback”, en el que trabajadores deportados puedan regresar legalmente bajo condiciones específicas.
Se evalúa también extender las visas H‑2A a sectores más allá de la agricultura estacional, como la lechería.
Mientras tanto, el secretario de Agricultura, Brooke Rollins, sugirió sustituir deportados con beneficiarios de Medicaid o mediante automatización, propuesta que fue rechazada por expertos y líderes agrícolas como poco viable debido a la especialización del trabajo.
Grupos agrícolas duplicaron su gasto en lobby en 2025 (hasta 29 millones de dólares).
Esto para presionar por políticas que permitan estabilidad laboral y laboral migrante regularizada.
Para la comunidad hispana residente en EE.UU., esto implica:
Elevada incertidumbre ante futuras deportaciones masivas.
Posibles regulaciones que permitan retorno legal si se coordina
desde el país de origen.
Aumento de actividades de apoyos legales y talleres comunitarios
para enfrentar redadas e irregularidades.
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