El presidente Donald Trump eliminó una guía federal del Departamento de Educación que desde 2015 orientaba a las escuelas sobre cómo cumplir con las leyes de derechos civiles y los fallos judiciales que obligaban a brindar servicios a estudiantes que no saben inglés.
Esta decisión ha generado alarma entre educadores, familias y defensores de los derechos civiles, ya que impacta directamente en millones de alumnos latinos y de otras comunidades migrantes en Estados Unidos.
Estudiantes que no saben inglés y la protección de la ley
La guía retirada explicaba cómo las escuelas debían cumplir con disposiciones como el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por origen nacional. Durante décadas, las cortes han interpretado que esa norma obliga a brindar apoyo educativo a estudiantes que no saben inglés, garantizando así igualdad de acceso a la enseñanza.
Con esta eliminación, distritos escolares podrían tener más libertad para reducir o incluso retirar programas de apoyo sin temor a sanciones federales. Expertos en educación advierten que esto abre la puerta a desigualdades más profundas y a la vulneración de derechos fundamentales.
La nueva política de Trump sobre el inglés
En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que designa al inglés como idioma oficial de Estados Unidos y eliminó el mandato que obligaba a las agencias e instituciones con fondos federales a ofrecer servicios en otros idiomas.
Paralelamente, el Departamento de Educación despidió a la mayoría del personal de la Oficina de Adquisición del Idioma Inglés, debilitando la estructura encargada de apoyar a quienes aún no dominan el idioma.
A mediados de año, el Departamento de Justicia envió un memorando a todas las agencias federales instándolas a “minimizar los servicios multilingües no esenciales”.
Según la administración, priorizar el inglés busca “promover la asimilación en lugar de la división”.
Sin embargo, críticos señalan que estas medidas en realidad dificultan el aprendizaje y la integración de estudiantes que no saben inglés.
Impacto en estudiantes que no saben inglés y en sus familias
La administración Trump también retuvo de manera temporal 890 millones de dólares destinados al aprendizaje del inglés y propuso su eliminación en el próximo presupuesto federal.
Defensores de la educación consideran que esta decisión contradice el objetivo declarado de que todos los alumnos dominen el idioma.
Jeff Hutcheson, director de política pública de la asociación TESOL International, explicó que la situación coloca a los estudiantes en una paradoja:
“Queremos que aprendan inglés, pero al mismo tiempo reducimos los recursos que hacen posible ese aprendizaje”.
En la práctica, esto afecta sobre todo a comunidades latinas y a otros grupos migrantes que dependen de estos programas para que sus hijos logren tener igualdad de oportunidades en el sistema educativo.
Los educadores también advierten que, sin estos apoyos, será más difícil que los estudiantes logren integrarse académicamente y socialmente.
Un debate que trasciende la educación
La política de “inglés obligatorio” del presidente Trump no se limita al ámbito escolar.
Otras agencias del gobierno también han reducido servicios en español y en otros idiomas.
Un ejemplo es el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, que recientemente eliminó su página en español bajo el lema “HUD es solo en inglés”.
Para defensores de derechos civiles, estas medidas representan un retroceso en el acceso equitativo a la educación, la salud y los servicios públicos para millones de personas que no saben inglés.
El debate se centra en si la prioridad del inglés como idioma nacional debe imponerse reduciendo apoyos que históricamente han facilitado la integración de las comunidades inmigrantes.
Este artículo fue publicado originalmente en Nueva News.
