martes, Jul 8, 2025

Trump exige datos de inmigrantes indocumentados que recibieron ayuda en pandemia

FOTO: Agencia Efe

La administración del expresidente Donald Trump, quien ha retomado una agenda antiinmigrante rumbo a las elecciones de 2024, ha iniciado en 2025 una investigación federal sobre el programa CAPI (Cash Assistance Program for Immigrants), el cual otorgó ayudas económicas durante la pandemia de COVID-19 a inmigrantes indocumentados mayores o con discapacidad en California.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), presentó una citación legal al condado de Los Ángeles para obtener acceso a nombres, fechas de nacimiento, y estatus migratorio de los beneficiarios del programa.

¿Qué fue el programa CAPI?

inmigrantes
FOTO: Envato

Durante la pandemia, California fue uno de los pocos estados que asignó recursos directos a indocumentados.

Como este grupo no calificaba para recibir cheques federales ni seguro de desempleo, la legislatura estatal autorizó pagos únicos de $600 dólares a través del programa CAPI para aliviar su situación económica.

El Departamento de Seguridad Nacional presentó una citación legal al condado de Los Ángeles

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Esta medida la recibieron muy bien organizaciones de derechos civiles y comunidades latinas.

Dado que los indocumentados contribuyen a la economía californiana, pero históricamente no tienen acceso a beneficios sociales federales, aunque sí pagan impuestos.

Impacto de los indocumentados

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A pesar de las acusaciones políticas, los inmigrantes indocumentados no pueden acceder a beneficios como el Seguro Social o Medicare.

Ya que no poseen un número de seguro social válido.

Sin embargo, según el Instituto de Impuestos y Política Económica, este grupo aportó más de $25,700 millones de dólares en impuestos al sistema de seguridad social solo en 2022.

En California, más de 2 millones de personas sin estatus migratorio legal desempeñan funciones esenciales.

Esto en sectores como la agricultura, la construcción, los servicios y el cuidado de personas mayores.

Por eso, las organizaciones locales han advertido que la intención del Gobierno federal de acceder a esta información puede tener consecuencias legales y sociales importantes.

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