Las universidades públicas de Florida han comenzado a implementar una nueva política que permite a sus departamentos de policía interrogar a los estudiantes sobre su estatus migratorio, en colaboración directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta acción se da bajo el programa federal 287(g), y posiciona a Florida como el único estado del país en aplicar esta medida dentro de sus centros educativos superiores, de acuerdo con información publicada por la Agencia Efe.
¿En qué consiste el programa 287(g)?
El programa 287(g), creado por el Congreso en 1996, permite al ICE delegar funciones específicas de inmigración a policías locales y estatales.
La decisión ha generado gran preocupación entre la comunidad estudiantil, especialmente en instituciones con alta población hispana como la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, donde más del 60 % del alumnado tiene raíces latinoamericanas.
En el contexto universitario, significa que los agentes de policía de los campus pueden realizar interrogatorios y detener a personas sospechosas de estar en situación migratoria irregular.
Según confirmó la presidenta de FIU, Jeanette Núñez (quien hasta febrero de este año fue vicegobernadora de Florida), el personal de seguridad de la universidad está recibiendo capacitación para cumplir funciones migratorias bajo supervisión federal.
“Tenemos que asegurarnos de tener suficiente capacidad y suficientes asientos para nuestros residentes legales del estado de Florida”, expresó Núñez.
¿A quiénes podría afectar esta política?
La medida podría tener un impacto directo en estudiantes amparados por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
La FIU, por ejemplo, cuenta con aproximadamente 600 estudiantes protegidos por DACA, quienes ahora enfrentan un clima de mayor incertidumbre.
También se han reportado consecuencias para estudiantes internacionales.
Entre el 25 de marzo y el 10 de abril, al menos 18 estudiantes y graduados recientes de FIU perdieron sus visas F-1, lo que los obligó a interrumpir sus estudios. La universidad ha confirmado que ofrece asesoría legal a los afectados.
Más universidades se suman
El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó públicamente la decisión, afirmando que EEUU tiene derecho a revocar visas si los estudiantes participan en actividades que se consideren perjudiciales para el país.
Si nos mientes, consigues una visa y entras a EEUU, y con ella participas en ese tipo de actividades, te la retiraremos
Marco Rubio
Además de FIU, otras instituciones del sistema público universitario de Florida están en proceso de incorporarse al programa 287(g):
Florida Atlantic University (FAU), en Boca Ratón, ya ha iniciado el proceso de colaboración.
University of South Florida (USF), en Tampa, y University of Central Florida (UCF), en Orlando, han confirmado su intención de integrarse, aunque aún están en fase de acuerdos formales.
Por el momento, la Universidad de Miami (UM), al ser una institución privada, no participa ni ha mostrado intención de adherirse a esta política.
Críticas y preocupación en la comunidad
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Diversos grupos defensores de los derechos civiles y organizaciones estudiantiles han advertido que la presencia de funciones migratorias dentro de los campus puede crear un ambiente de temor, discriminación y retraimiento.
Temen que esto disuada a los estudiantes —especialmente indocumentados o con estatus migratorio vulnerable— de buscar ayuda académica, psicológica o médica, o de participar en la vida universitaria.
Este nuevo enfoque migratorio dentro del ámbito educativo en Florida representa un cambio sin precedentes en EEUU.
Para muchos estudiantes hispanos, ahora será fundamental conocer sus derechos y estar atentos a las nuevas medidas que se implementen en sus campus.
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