El estado de Colorado ha dado un paso firme en defensa de los derechos de las comunidades migrantes al aprobar la ley SB25-276, titulada Protección de los Derechos Civiles por Estado Inmigratorio. La iniciativa fue aprobada este lunes por la Cámara de Representantes estatal, controlada por mayoría demócrata, y será firmada próximamente por el gobernador Jared Polis.
Esta ley representa un rechazo directo a las políticas migratorias restrictivas del presidente Donald Trump, particularmente en lo que respecta a la cooperación entre policías locales y agentes federales de inmigración.
¿Qué cambia con la nueva ley?
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La ley SB25-276, promovida por la senadora Julie Gonzales y la representante Lorena García, modifica y amplía disposiciones de la ley de Seguridad Vial y Comunitaria de 2013.
Estos son los puntos clave:
Ya no se requerirá una declaración jurada de intención de regularización migratoria para que un inmigrante pueda obtener una identificación estatal o licencia de conducir.
Se prohíbe detener a personas únicamente por su estatus migratorio en cárceles locales.
Las autoridades locales y estatales no podrán firmar contratos con ICE, ni siquiera sin pago.
Se permite anular declaraciones de culpabilidad en delitos menores si el inmigrante no fue correctamente informado de las consecuencias migratorias.
Habrá cooperación federal solo si existe una orden judicial o en casos de delitos federales.
¿Por qué es relevante?
Esta ley fortalece las garantías legales para migrantes indocumentados, muchos de ellos hispanos que viven y trabajan en Colorado.
La representante Velasco expresó que estas medidas buscan garantizar el debido proceso para todos, sin importar su estatus legal.
El enfoque de Colorado se alinea con otras jurisdicciones santuario como Chicago y Rochester, actualmente también enfrentadas con el Departamento de Justicia bajo el mandato de Trump.
La iniciativa fue aprobada este lunes por la Cámara de Representantes estatal
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El mandatario acusa sin pruebas a estos gobiernos de permitir el avance de pandillas como Tren de Aragua.
Autoridades locales como Mike Coffman, alcalde republicano de Aurora, han reconocido la presencia de pandilleros.
Pero rechazan las afirmaciones del gobierno federal sobre falta de cooperación con ICE o pérdida de control territorial.
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