La reciente detención del joven cubano Julio David Pérez Rodríguez, de 22 años, ha encendido las alarmas entre comunidades migrantes y defensores de derechos humanos en Estados Unidos, en el caso de indocumentados.
Pérez fue arrestado por agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la semana pasada en un elevador del tribunal de inmigración de Miami, Florida, justo después de asistir a una audiencia relacionada con su solicitud de asilo.
Un patrón de detenciones similares de indocumentados en todo el país
El momento fue captado en video y transmitido por Noticias Telemundo, generando una oleada de reacciones.
“¿Si no he hecho nada ilegal, por qué me tienen esposado?”, exclamó entre lágrimas mientras era inmovilizado.
Su pregunta refleja la confusión e indignación compartida por muchos inmigrantes que atraviesan situaciones similares en 2025.
Según informes de abogados de inmigración y organizaciones comunitarias, la situación de Pérez no es aislada.
Desde mediados de mayo de 2025, decenas de inmigrantes han sido detenidos por agentes de ICE en circunstancias parecidas tras presentarse a audiencias legales o citas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Muchos de ellos tenían casos de asilo activos o estaban en proceso de iniciar una solicitud formal.
Billy Botch, del Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses en Florida, confirmó que incluso personas con casos cerrados o desestimados han sido arrestadas en los pasillos de los tribunales o al salir de entrevistas de inmigración.
Una estrategia legal cuestionada
Gregory Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), expresó su preocupación por el uso de estrategias legales que parecen evitar las garantías del debido proceso.
“Estamos hablando de personas que ya están cumpliendo con el proceso judicial legal”, señaló Chen.
Según explicó, los abogados del gobierno están pidiendo a los jueces que desestimen los casos verbalmente, sin presentar una moción escrita como exige el manual de prácticas de las cortes de inmigración.
Esto limita el tiempo que tienen los inmigrantes para responder, algo que normalmente debería ser de 10 días.
Algunos jueces, indicó, están accediendo a estas solicitudes inmediatamente, lo que deja a los inmigrantes vulnerables a una deportación acelerada.
Expulsión acelerada: De política fronteriza a práctica nacional
La figura legal de la “expulsión acelerada”, que tradicionalmente se aplicaba a personas detenidas a menos de 100 millas de la frontera y con menos de dos años en el país, está siendo ahora utilizada a nivel nacional.
Las autoridades bajo la nueva Administración Trump han ampliado su uso como herramienta para agilizar deportaciones de indocumentados, principalmente de personas que ingresaron al país durante la presidencia de Joe Biden.
La secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió esta política afirmando que la Administración está “restableciendo el estado de derecho”, tras lo que considera una permisividad excesiva por parte del gobierno anterior.
Acusó a la Administración Biden de liberar a millones de inmigrantes sin verificación adecuada, incluidos algunos con antecedentes penales graves.
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¿Qué pueden hacer los inmigrantes afectados?
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AILA y abogados de inmigración están recomendando a quienes tengan audiencias judiciales que exijan al gobierno presentar por escrito cualquier moción para desestimar su caso.
Esta solicitud formal permite ganar tiempo para responder legalmente y tratar de evitar una deportación inmediata.
Además, se aconseja a los inmigrantes acudir acompañados de un abogado o representante legal acreditado, especialmente si tienen entrevistas con USCIS o comparecencias en tribunales.
En ciudades como Miami, Nueva York, Houston y Los Ángeles, ya se han reportado detenciones similares durante procesos que tradicionalmente no conllevaban riesgos inmediatos de deportación.
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