En una decisión sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, la Corte Suprema autorizó en 2025 la aplicación parcial de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que elimina el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de migrantes en situación irregular o con estatus temporal.
Aunque la Corte aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta orden —que desafía directamente la 14ª Enmienda— el fallo permite su aplicación limitada, restringiendo la capacidad de jueces federales de bloquear decisiones del Ejecutivo que consideran ilegales. La jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen, explicó que el fallo no es una validación de la orden, sino una resolución sobre la autoridad judicial.
¿A quién afecta esta medida y desde cuándo?
La medida impacta a hijos de migrantes que nazcan a partir de la implementación de la orden, no de forma retroactiva.
Es decir, los niños nacidos antes de su entrada en vigor conservarán su ciudadanía estadounidense por nacimiento, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Esta política aplica inicialmente en 28 estados, la mayoría con gobiernos conservadores que respaldan restricciones migratorias.
Entre ellos destacan Texas, Florida, Georgia, Carolina del Sur y Arizona (que se unió recientemente).
No obstante, no todos los estados del país están sujetos a la aplicación de esta orden, ya que varias cortes estatales han iniciado demandas legales para frenar su implementación.
Lista de los 28 estados afectados:
1. Alabama
2. Alaska
3. Arkansas
4. Florida
5. Georgia
6. Idaho
7. Indiana
8. Iowa
9. Kansas
10. Kentucky
11. Louisiana
12. Mississippi
13. Missouri
14. Montana
No todos los estados del país están sujetos a la aplicación de esta orden
15. Nebraska
16. New Hampshire
17. North Dakota
18. Ohio
19. Oklahoma
20. Pennsylvania
21. South Carolina
22. South Dakota
23. Tennessee
24. Texas
25. Utah
26. Virginia
27. West Virginia
28. Wyoming
Preocupación en la comunidad hispana
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La comunidad migrante —especialmente mexicana y centroamericana— ha expresado una profunda preocupación ante esta medida.
Consideran discriminatoria y violatoria de los derechos constitucionales.
Abogados y organizaciones proinmigrantes advierten que la decisión abrirá la puerta a más restricciones legales que afecten el futuro de los hijos de migrantes.
Además, activistas temen un aumento de los partos fuera del sistema hospitalario por temor a que las familias sean denunciadas, lo que comprometería la salud de madres e hijos.
En paralelo, gobiernos como el de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, han anunciado que ofrecerán orientación legal y apoyo consular a las familias afectadas por esta nueva política migratoria.
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