El caso de un adolescente colombiano de 16 años, involucrado en la muerte de una ciudadana estadounidense en Colorado, ha generado fuertes reacciones tanto en la comunidad local como en el debate nacional sobre inmigración.
El joven, cuya identidad no ha sido revelada por ser menor de edad, fue arrestado junto con toda su familia por agentes de ICE el 20 de mayo de 2025, tras haber sido condenado previamente por el accidente.
Lo que desencadenó el caso
El trágico incidente ocurrió en julio de 2024 en Aurora, Colorado, cuando el adolescente colombiano conducía a 90 millas por hora en una zona residencial con límite de 45 mph.
Sin licencia de conducir y sin estatus legal en el país, perdió el control del vehículo y colisionó contra el automóvil de Kaitlyn Weaver, de 24 años, causándole la muerte en el acto.
A pesar de la gravedad del hecho, el adolescente colombiano evitó la cárcel tras llegar a un acuerdo con la fiscalía del condado de Arapahoe:
Dos años de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y continuar sus estudios.
La sentencia fue muy criticada por diversos sectores, incluyendo la familia de la víctima, argumentando que no se hizo justicia.
Deportación familiar
Tras conocerse la sentencia, ICE actuó rápidamente.
No solo arrestó al adolescente colombiano, quien permanece bajo custodia migratoria mientras espera su audiencia, sino también detuvo al resto de su familia.
Según informó la agencia federal, ninguno de los miembros tiene estatus migratorio legal vigente, aunque al menos el joven tiene pendiente un proceso de asilo.
La Casa Blanca respaldó la acción de ICE y difundió el caso en redes sociales oficiales, subrayando su política de “tolerancia cero” frente a delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.
Las vidas estadounidenses no son sustituibles
Debate sobre el sistema migratorio
Relacionado
Este caso del adolescente colombiano ha puesto nuevamente bajo el reflector la aplicación de las leyes migratorias en EE.UU.
Así como el uso de los recursos de ICE en procesos judiciales que involucran menores de edad sin antecedentes penales previos.
Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el impacto que este tipo de detenciones tiene en familias enteras y en las comunidades migrantes.
Existen recursos disponibles a través de organizaciones como el American Immigration Lawyers Association (AILA) y servicios legales gratuitos ofrecidos por grupos comunitarios en cada estado.
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