El 27 de junio de 2025, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron una nueva demanda federal contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual limita el derecho de ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales.
Este nuevo recurso legal surge tras la decisión de la Corte Suprema de permitir que la Casa Blanca implemente temporalmente la orden, al suspender bloqueos impuestos previamente por tribunales inferiores. La demanda busca un alcance nacional que proteja a todos los niños nacidos en EE.UU. de padres sin estatus legal permanente.
¿Qué está en juego?
De ser implementada, esta orden ejecutiva afectaría directamente a miles de familias hispanas.
Especialmente en estados como California, Texas, Florida, Nueva York y Nueva Jersey, donde existe una alta concentración de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal.
El principio del jus soli (derecho de ciudadanía por nacimiento), consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, garantiza que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La demanda sostiene que la orden ejecutiva viola directamente esa protección constitucional.
“Todos los tribunales que han analizado esta cruel orden coinciden en que es inconstitucional”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Posiciones políticas y legales
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Hasta ahora, al menos 22 estados, junto a ciudadanos estadounidenses y familias afectadas, han presentado demandas paralelas en tribunales de Massachusetts, Washington, Maryland y California.
Aunque el fallo de la Corte Suprema no se pronuncia sobre la constitucionalidad del decreto, permitió que entre en vigor en un plazo de 30 días para aquellos no amparados por los litigios activos.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, aseguró que la orden “no sobrevivirá al escrutinio constitucional”.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que confía en que los tribunales inferiores detendrán la aplicación total de la medida.
Cecillia Wang, directora legal de ACLU, advirtió que permitir la entrada en vigor de esta orden genera “daños a nivel nacional” y podría debilitar la rendición de cuentas del poder ejecutivo.
La congresista demócrata Sylvia García la calificó de “peligrosa”, mientras que Rob Bonta, fiscal de California, señaló que crea un “caos administrativo” para los estados.
¿Qué sigue?
Todos los tribunales que han analizado esta cruel orden coinciden en que es inconstitucional
El tribunal federal de New Hampshire se espera que emita un fallo antes del vencimiento del plazo impuesto por el Supremo.
Si el fallo es favorable a los demandantes, la implementación nacional de la orden podría ser suspendida nuevamente.
Wofsy concluyó: “Luchamos para garantizar que el presidente Trump no pueda pisotear los derechos de ciudadanía de ni un solo niño”.
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