Este martes 5 de agosto de 2025, Tennessee ejecutó mediante inyección letal a Byron Black, de 69 años de edad, quien tenía un desfibrilador cardiaco implantado activo. Su caso marca un precedente: es la primera ejecución en EE. UU. de un reo con este tipo de dispositivo activo en su corazón.
Black fue condenado por el asesinato en 1988 de su novia, Angela Clay, de 29 años, y sus dos hijas (de 9 y 6 años).
Disputa por el desfibrilador implantado
Inicialmente, un juez de primera instancia ordenó que el desfibrilador se desactivara justo antes de la ejecución, para evitar posibles choques que prolongaran su agonía.
Los abogados de Byron Black alegaron que el dispositivo podría activarse durante la inyección de pentobarbital.
Además de causarle un dolor extremo, describiendo cada choque como “una patada en el pecho de un caballo” .
Revocan desactivación obligatoria
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La Corte Suprema de Tennessee anuló la orden judicial previa.
Afirmaron que el juez de instancia no tenía autoridad para imponer condiciones que retrasaran o modificaran la ejecución programada para Byron Black.
También indicó que, si las partes lograban un acuerdo voluntario para desactivar el dispositivo sin retrasar el procedimiento, sería aceptable.
El hospital previsto para realizar la desactivación (Nashville General) finalmente declaró no haber acordado su participación, complicando aún más el cumplimiento de la orden original.
Estado de salud y apelaciones rechazadas
Byron Black padecía demencia avanzada, insuficiencia cardíaca, fallo renal terminal, daño cerebral y una discapacidad intelectual reconocida por expertos.
Sin embargo, sus solicitudes de clemencia y nuevas audiencias por esta discapacidad fueron rechazadas por el gobernador Bill Lee y tribunales estatales y federales.
Su caso marca un precedente
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Este año, EE. UU. alcanzó 28 ejecuciones, superando las realizadas en 2024, siendo Florida y Tennessee los principales estados involucrados.
Este caso ha renovado el debate sobre la ética médica en ejecuciones, la responsabilidad de hospitales y personal sanitario.
Además del derecho de quienes padecen discapacidad intelectual a recibir protección legal conforme a precedentes del Tribunal Supremo de EE. UU., como el caso Atkins v. Virginia
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