Un ciudadano guatemalteco, a quien se le identifica únicamente como O.C.G. por motivos de seguridad, fue deportado en marzo de 2025 a México y luego a Guatemala, a pesar de que una corte federal ordenó bloquear su expulsión por considerar que su vida corría peligro fuera de Estados Unidos. La causa principal: su orientación sexual. O.C.G. denunció que fue víctima de abuso sexual en México y teme que lo asesinen en su país natal.
Su expulsión se realizó en violación directa de una resolución emitida en febrero por un juez federal en Massachusetts, que le otorgaba protección humanitaria mientras se resolvía su solicitud de asilo.
Respuesta judicial inmediata
El juez Brian Murphy, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, intervino nuevamente el 23 de mayo.
También ordenó al gobierno facilitar el retorno del ciudadano guatemalteco.
El fallo dejó en evidencia una grave falta de coordinación entre las agencias de inmigración, al permitir la expulsión de un migrante amparado legalmente.
Ante la orden judicial, la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informaron al tribunal que están trabajando en la logística para su retorno, mediante un vuelo chárter.
También han iniciado comunicaciones con los abogados del afectado.
No es un caso aislado
El incidente del ciudadano guatemaltecto O.C.G. no es único.
En abril, el mismo juez bloqueó la expulsión de ocho migrantes (dos cubanos, un mexicano y cinco africanos).
Aún así fueron deportados en un vuelo que aterrizó en Yibuti, África Oriental.
El fallo dejó en evidencia una grave falta de coordinación
A pesar de las advertencias judiciales, el gobierno permitió su salida del país.
Desató nuevas críticas a la administración Trump por desacatar decisiones de cortes federales.
Un caso similar ocurrió con Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado a pesar de contar con una orden previa que impedía su salida.
Las autoridades alegaron que no podían asegurar su regreso porque ya estaba bajo custodia de otro país.
Repercusiones en la comunidad migrante
Buzzy
Estos errores administrativos tienen consecuencias devastadoras para quienes buscan protección legal en EE.UU., especialmente miembros de la comunidad LGBTQ+ y solicitantes de asilo que enfrentan amenazas extremas en sus países de origen.
Para la comunidad hispana que vive en EE.UU., estos hechos subrayan la importancia de conocer sus derechos migratorios y buscar asesoría legal cuando se enfrentan a procesos de detención o deportación.
Organizaciones de derechos humanos han exigido una revisión urgente de los protocolos de ICE y una mayor supervisión judicial para evitar que se repitan casos como el del ciudadano guatemalteco O.C.G.
La confianza en el sistema migratorio estadounidense está en juego.
Especialmente cuando decisiones judiciales son ignoradas o implementadas incorrectamente.
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