La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó este jueves 2 de Octubre a dar una respuesta clara cuando fue consultada por periodistas acerca de si las salas de urgencias en hospitales de Estados Unidos deberían preguntar a los pacientes por su estatus migratorio antes de brindar atención.
“Probablemente no sea una pregunta que me corresponda responder. Creo que es una cuestión para los profesionales de la salud”, dijo Leavitt en declaraciones ofrecidas en los jardines de la Casa Blanca.
¿Hospitales deben preguntar estatus migratorio?
Karoline Leavitt declines to say if emergency rooms should treat dying immigrants.pic.twitter.com/Y60uPDXO2h
— Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) October 2, 2025
En la práctica, la legislación vigente ya tiene un marco claro.
La Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1986, obliga a todos los hospitales que reciben fondos de Medicare a atender a cualquier persona que llegue a una sala de emergencias, sin importar su estatus migratorio o su capacidad de pago.
Negarse a hacerlo puede generar fuertes sanciones para las instituciones médicas.
Esto significa que, a nivel federal, ningún hospital puede rechazar a un paciente por ser indocumentado.
Sin embargo, la polémica surge en estados como Texas y Florida, donde se han aprobado leyes que exigen a los hospitales preguntar por el estatus migratorio de quienes acuden a recibir atención.
En esos estados, la información no puede usarse para negar el servicio, pero sí se recopila con fines estadísticos.
Críticos sostienen que este requisito crea un efecto disuasorio, ya que muchos inmigrantes temen acudir a urgencias por miedo a que la información sea compartida con autoridades migratorias.
El debate político detrás
Las declaraciones de Karoline Leavitt llegan en un momento de gran tensión en Washington, tras el cierre parcial del Gobierno federal declarado el miércoles 1 de octubre, debido a la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto.
Los demócratas condicionan su apoyo a un aumento en el gasto sanitario, buscando fortalecer programas como Obamacare, que brinda subsidios a millones de familias en EE.UU. —aunque los inmigrantes indocumentados no califican para esos beneficios.
En contraste, los republicanos acusan a la oposición de querer ampliar la cobertura de salud a migrantes sin papeles.
En su intervención del jueves, Karoline Leavitt repitió ese argumento al señalar que durante el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, “decenas de millones de inmigrantes ilegales de todo el mundo entraron a Estados Unidos y se les permitió recibir beneficios gratuitos”.
Impacto en la comunidad hispana
El tema es especialmente sensible para la comunidad hispana, que representa un alto porcentaje de la población inmigrante en el país.
Según el Pew Research Center, más de 10 millones de inmigrantes indocumentados viven en EE.UU.
Muchos de esos inmigrantes enfrentan barreras para acceder a servicios de salud regulares, dependiendo en gran medida de las salas de urgencias para recibir atención básica.
Organizaciones civiles han advertido que medidas como las adoptadas en Texas y Florida pueden poner en riesgo la salud pública, ya que enfermedades graves podrían no ser tratadas a tiempo si los pacientes temen acudir al hospital.
Además, advierten que esta política puede sobrecargar aún más las salas de emergencias, al desalentar la atención preventiva.
Hasta ahora, la Casa Blanca no ha fijado una postura clara sobre si apoyará o rechazará las leyes estatales que exigen reportar el estatus migratorio de los pacientes.
El silencio de Karoline Leavitt refleja la complejidad de un tema que mezcla política migratoria, salud pública y el tenso clima partidista en medio del cierre de gobierno.
Para millones de familias hispanas en EE.UU., la incertidumbre persiste: ¿podrán buscar atención médica sin temor a que su información migratoria se convierta en un problema?
La respuesta aún no llega desde Washington.
