Florida atraviesa un 2025 marcado por profundos cambios en su marco legal migratorio. El gobernador Ron DeSantis, en sintonía con las políticas del presidente Donald Trump, impulsó un paquete de leyes destinado a reforzar el control sobre la inmigración irregular.
Aunque algunas de estas normas fueron cuestionadas en los tribunales, las comunidades latinas y extranjeras en el estado ya sienten su impacto en la vida cotidiana.
Leyes migratorias en Florida y coordinación con ICE
Una de las medidas más discutidas es la SB 2-C, que amplía la cooperación entre autoridades estatales y locales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta legislación abre la puerta a acuerdos formales con agencias locales para compartir información y facilitar arrestos de personas consideradas indocumentadas.
Críticos de la medida sostienen que esta coordinación convierte a la policía en una extensión del sistema federal migratorio, lo que genera temor en comunidades latinas.
Incluso residentes con estatus legal reportan un clima de desconfianza hacia las autoridades, temiendo ser detenidos por errores en bases de datos o revisiones arbitrarias.
DeSantis defendió la medida señalando que busca “proteger a los ciudadanos de Florida de los efectos de la inmigración ilegal”.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles advirtieron que la SB 2-C podría derivar en prácticas de perfil racial contra latinos y otras minorías.
La SB 2-C abrió la posibilidad de acuerdo entre el ICE y las agencias locales de Florida. Foto: ICE.gov
Restricciones marítimas y la SB 830
X/@GovRonDeSantis
La geografía de Florida, con costas extensas y cercana a Cuba y Haití, ha hecho del mar un punto crítico de ingreso irregular.
En respuesta, DeSantis firmó la SB 830, que autoriza la remoción inmediata de embarcaciones improvisadas utilizadas por migrantes para llegar al estado.
La norma busca frenar un flujo constante de balsas y botes precarios procedentes del Caribe, al tiempo que endurece las sanciones contra quienes organizan o facilitan estos viajes.
Para las autoridades estatales, se trata de una medida de seguridad que busca prevenir tragedias en alta mar y reducir el contrabando de personas.
Pero líderes de comunidades de inmigrantes denuncian que esta legislación no resuelve la raíz del problema: la falta de vías legales para migrar.
En ciudades como Miami y Hialeah, con amplia población cubana y haitiana, se ha cuestionado si la norma criminaliza aún más a quienes huyen de contextos de crisis humanitaria.
Fraudes legales y la HB 915
Entre las leyes migratorias en Florida también se encuentra la HB 915, que busca proteger a inmigrantes vulnerables de fraudes cometidos por personas que se hacen pasar por asesores legales sin tener acreditación.
La normativa endurece sanciones contra quienes ofrecen servicios migratorios falsos y promete reforzar la vigilancia sobre notarios y gestores que operan en comunidades latinas.
Este aspecto de la reforma fue recibido con mayor respaldo, ya que miles de inmigrantes han sido estafados con promesas de “arreglar papeles” a cambio de pagos elevados.
No obstante, expertos señalan que la implementación de la HB 915 dependerá de la capacidad del estado para fiscalizar a quienes cometen estos fraudes.
Hasta ahora, muchas de estas prácticas ilegales se realizan en la informalidad y son difíciles de rastrear.
La SB 4-C y los cuestionamientos judiciales
Quizá la medida más polémica fue la SB 4-C, que define como “extranjeros no autorizados” a quienes carecen de estatus migratorio legal en Estados Unidos.
Esta legislación contempla sanciones más severas para el ingreso irregular a Florida y habilita arrestos inmediatos.
En julio de 2025, la Corte Suprema de EE. UU. suspendió temporalmente su aplicación por posibles violaciones constitucionales, aunque autoridades estatales han seguido aplicando partes de la ley para justificar detenciones.
Paralelamente, Florida habilitó instalaciones específicas para detener a personas en proceso de deportación, lo que algunos activistas describen como “centros de detención masivos”.
Estas instalaciones, según el gobierno estatal, permiten acelerar las deportaciones, pero organizaciones proinmigrantes denuncian condiciones precarias y falta de acceso a asesoría legal adecuada.
Impacto en la comunidad latina
Las leyes migratorias en Florida generan un ambiente de incertidumbre en la población latina.
Familias con estatus mixto —donde algunos miembros son ciudadanos y otros indocumentados— viven con miedo de separaciones forzadas.
Además, trabajadores agrícolas, un sector clave de la economía del estado y compuesto en gran parte por inmigrantes, han reportado una disminución de mano de obra por temor a redadas.
Diversas asociaciones advierten que estas medidas, más allá de su legalidad, profundizan la desconfianza hacia las instituciones y pueden afectar negativamente la economía local.
Comercios y empleadores que dependen de la fuerza laboral inmigrante han expresado su preocupación por la posible escasez de trabajadores en los próximos meses.
En contraste, DeSantis y sus aliados republicanos argumentan que las leyes migratorias en Florida refuerzan el “estado de derecho” y alinean al estado con las políticas federales del presidente Donald Trump, quien ha prometido un enfoque más estricto para combatir la inmigración irregular durante su segundo mandato.
Este artículo fue publicado originalmente en Nueva News.
