La tensión continúa creciendo en Los Ángeles tras la reciente ola de redadas migratorias realizadas por el gobierno del presidente Donald Trump.
Este lunes, el Departamento de Defensa confirmó que aproximadamente 700 infantes de Marina (marines) se han unido al despliegue militar ya en marcha, compuesto por más de 2.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados desde el fin de semana.
Protección para la Guardia Nacional de Los Ángeles
La medida de enviar marines, de acuerdo con el comunicado oficial del Pentágono, responde a la necesidad de “proporcionar cobertura continua” a instalaciones y personal federal en el condado de Los Ángeles.
La orden de activación fue emitida por el Comando Norte de EE.UU., que había mantenido en “estado de alerta” a un batallón completo de marines ante la posibilidad de que la situación se deteriorara.
El refuerzo militar está siendo interpretado por diversas organizaciones de derechos civiles como un acto sin precedentes desde los disturbios de 1992, cuando también se desplegaron tropas federales en la ciudad.
En esta ocasión, las protestas surgieron luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecutara redadas simultáneas en al menos siete puntos del área metropolitana el pasado viernes, resultando en decenas de detenciones, muchas de ellas de inmigrantes con estatus irregular.
Orden de Trump para restablecer el orden
El presidente Trump declaró el domingo que el envío de la Guardia Nacional buscaba “restablecer el orden” y acusó a las autoridades estatales y locales de ser “incapaces de controlar la violencia de los manifestantes”.
Sin embargo, tanto el gobernador de California, Gavin Newsom, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han negado que existiera descontrol y han calificado el despliegue como un acto político y provocador.
Este lunes, el estado de California presentó una demanda legal contra la Casa Blanca argumentando que el uso unilateral de tropas federales dentro del estado, sin su autorización, viola principios constitucionales y representa un peligro para la convivencia democrática.
Carlos penales contra el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles
De forma alarmante, fuentes cercanas al gobierno han sugerido que funcionarios federales podrían considerar cargos penales contra Newsom y Bass, acusándolos de “obstrucción” por no colaborar con los operativos migratorios.
Mientras tanto, las manifestaciones no han cesado. Comunidades inmigrantes, estudiantes, activistas de derechos humanos y grupos religiosos continúan concentrándose en zonas clave como Compton, Downtown LA y Echo Park.
Las protestas, en su mayoría pacíficas, han sido dispersadas en varias ocasiones con el uso de gases lacrimógenos y municiones no letales.
El gobierno de Trump compartió las identidades de los detenidos el fin de semana en protestas migratorias
Señal de alerta entre los hispanos
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Para la comunidad hispana en EE.UU., especialmente para quienes residen en California, estos hechos representan una señal de alerta.
Organizaciones como la ACLU, CHIRLA y el National Immigration Law Center han activado líneas de emergencia para reportar abusos y brindar asesoría legal.
En un momento en el que el debate sobre la inmigración y el uso de la fuerza federal se intensifica, el despliegue de marines añade una nueva capa de complejidad a la crisis.
Aunque la Casa Blanca insiste en que la situación está “bajo control”, las imágenes que circulan en redes sociales —con tropas fuertemente armadas en barrios residenciales— envían un mensaje inquietante a quienes viven, trabajan y forman parte esencial del tejido social de Los Ángeles.
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