El caso de Gregorio Córdova Murrieta, un mexicano de 48 años originario de Teziutlán, Puebla, ha encendido las alarmas entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Córdova fue detenido en Hawái luego de que agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) rastrearan sus envíos de remesas, un hecho inédito que ha generado preocupación sobre la privacidad de millones de personas que utilizan estos servicios.
Córdova enfrenta una posible deportación o encarcelamiento por reingresar de forma irregular a Estados Unidos hace 17 años. Pero lo que más preocupa a expertos y defensores de inmigrantes es que su arresto se derivó de información obtenida de la empresa de envíos de dinero MoneyGram, compartida con autoridades federales a través de una base de datos poco conocida.
Las remesas bajo vigilancia del gobierno de Estados Unidos
El caso reveló que la organización Transaction Record Analysis Center (TRAC), con sede en Arizona, tiene acceso a millones de registros de transferencias internacionales.
Esta base de datos, creada en 2014 tras un acuerdo judicial con Western Union para combatir el narcotráfico, recopila nombres completos de remitentes y destinatarios, montos, direcciones y detalles de transacciones.
Actualmente, más de 600 agencias locales, estatales y federales pueden consultar esa información sin necesidad de supervisión judicial.
Según documentos de HSI, hasta 2024 TRAC almacenaba datos de 337 millones de operaciones de remesas, incluyendo transferencias hacia México, Centroamérica, Asia y otros destinos clave.
Esto ha generado alarma entre organizaciones defensoras de migrantes, pues las herramientas diseñadas originalmente para combatir el lavado de dinero están siendo utilizadas ahora para vigilar a inmigrantes que solo envían dinero a sus familias.
Opiniones divididas sobre la vigilancia de remesas
MoneyGram respondió a cuestionamientos afirmando que solo entrega datos cuando la ley lo exige.
Sin embargo, expertos en derechos civiles advierten que la falta de transparencia en torno al acceso a esta información puede derivar en abusos y discriminación contra comunidades inmigrantes.
“Yo cuestionaría la legalidad de la vigilancia del gobierno de Estados Unidos cuando mandamos dinero a nuestras familias”, expresó Rafael Pérez, inmigrante jalisciense que regularmente envía dinero a su hija.
Por su parte, Carmen Mercado, oriunda de Zacatecas y residente en Estados Unidos desde hace más de tres décadas, señaló: “Me preocupa que rastreen los envíos de remesas, como también me preocupa el trato inhumano que el gobierno le está dando a todos los inmigrantes”.
Organizaciones como El Rescate advirtieron que si MoneyGram compartió información en el caso de Córdova, es probable que otras empresas de envíos de dinero como Western Union o RIA Financial también lo hagan, lo que podría minar la confianza de los usuarios en todo el sistema.
Posibles consecuencias económicas
Las remesas representan una fuente vital de ingresos para millones de familias en América Latina, Asia y África.
Solo México recibió más de 65,000 millones de dólares en 2024, mientras que India superó los 100,000 millones, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.
Expertos en economía señalan que si la gente percibe que sus envíos están siendo rastreados, podría buscar alternativas fuera del sistema financiero tradicional, como giros postales, encomiendas familiares o incluso mecanismos informales.
Esto no solo reduciría la confianza en compañías de transferencias, sino que impactaría en la economía estadounidense.
El abogado Alex Gálvez advirtió que “las deportaciones y el miedo a ser rastreados están golpeando al 70% de la economía del país, porque está basada en el consumo.
Las compañías de envío de dinero van a sufrir porque la gente no querrá usar sus servicios si sabe que los vigilan”.
Además, defensores de derechos de los inmigrantes consideran que el actual clima político bajo el presidente Donald Trump ha endurecido las políticas de control y vigilancia, extendiendo el uso de herramientas financieras a casos que antes no estaban en la mira del gobierno.
La batalla legal por la privacidad en las remesas
El tema también ha llegado a los tribunales.
El medio de investigación The Intercept demandó al TRAC para que haga públicos los registros sobre esta vigilancia masiva de transferencias, argumentando que millones de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses están siendo monitoreados sin su conocimiento ni autorización.
Heather E. Murray, directora asociada de la Clínica de la Primera Enmienda en la Universidad de Cornell, que representa a The Intercept en la demanda, señaló que “el público tiene derecho a saber sobre la vigilancia masiva que el gobierno ejerce sobre sus ciudadanos”.
La discusión sobre si la vigilancia de remesas es una medida legítima de seguridad nacional o una violación a la privacidad apenas comienza.
Mientras tanto, casos como el de Gregorio Córdova Murrieta envían un mensaje preocupante para quienes dependen de enviar dinero a sus seres queridos desde Estados Unidos.
Este artículo fue publicado originalmente en Nueva News.
