En un anuncio hecho el 12 de junio de 2025, el presidente Donald Trump informó que más de 15,000 personas extranjeras se registraron en menos de 24 horas para optar por la llamada “tarjeta dorada”, un nuevo programa que promete residencia legal en Estados Unidos y un posible camino hacia la ciudadanía a quienes paguen una cuota de 5 millones de dólares al gobierno federal.
Trump ha calificado el plan como una “oportunidad única en la vida” y ha destacado que, de concretarse, la iniciativa podría representar ingresos por 75 mil millones de dólares, destinados —según sus declaraciones— a reducir el déficit fiscal y “fortalecer la economía estadounidense”.
Un lanzamiento que coincide con políticas migratorias restrictivas
El programa ha sido presentado como una alternativa “rápida y exclusiva” para inversionistas extranjeros, a diferencia de otros procesos migratorios que suelen tomar años.
La apertura de este nuevo sistema de residencia premium llega en un momento en que la administración Trump ha intensificado su postura antiinmigrante.
Apenas 10 días antes del anuncio, el gobierno reactivó una prohibición de viaje que impide la entrada legal a ciudadanos de 12 países, incluidos Afganistán, Irán, Somalia y Yemen.
Además, se implementaron restricciones parciales para personas procedentes de otras naciones como Cuba, Venezuela, Burundi y Laos.
Estas acciones han generado críticas por lo que muchos consideran una doble moral: endurecer las políticas para los migrantes regulares y solicitantes de asilo, mientras se ofrece una puerta de entrada para quienes puedan pagar millones.
¿Qué ofrece la “tarjeta dorada”?
El sitio oficial del programa (trumpcard.gov) solicita solo información básica como nombre, región de procedencia, correo electrónico y si el interesado aplica a título personal o empresarial.
También pregunta a qué región del mundo pertenece el solicitante, con opciones que incluyen Europa, Asia (incluido Medio Oriente), América del Norte, Oceanía, América Central, América del Sur, el Caribe y África.
La tarjeta, de color dorado y con el rostro de Trump grabado en ella, se promociona como un símbolo de estatus y acceso privilegiado al llamado “Sueño Americano”.
No obstante, el registro en línea no exige verificación financiera inmediata ni documentación que respalde la capacidad de pago de los 5 millones de dólares, lo que ha despertado escepticismo sobre la verdadera viabilidad económica del plan.
¿Un reemplazo para la visa EB-5?
En febrero de 2025, Trump adelantó que la “tarjeta dorada” reemplazaría al programa de visa EB-5 para inversionistas, que ha estado vigente por décadas.
Este sistema permitía a extranjeros obtener la residencia permanente (“green card”) a cambio de una inversión de entre 800,000 y 1.05 millones de dólares, destinada a proyectos que generaran o conservaran empleos en EE.UU.
Sin embargo, el programa EB-5 ha sido objeto de numerosas controversias, incluyendo fraudes, demoras prolongadas y falta de transparencia en el uso de los fondos.
La “tarjeta dorada”, en contraste, se presenta como una opción más directa, aunque con una barrera económica mucho más alta y con pocos detalles sobre las obligaciones y derechos concretos que conlleva.
La cuota de 5 millones de dólares es lo que pagarían quienes requieran la llamada 'tarjeta dorada' para obtener la residencia legal
Camino a la ciudadanía, pero sin garantías claras
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Trump ha señalado que no necesita la aprobación del Congreso para implementar el programa porque no concede la ciudadanía directamente, sino solo una vía potencial hacia ella.
No obstante, aún no está claro qué condiciones deben cumplirse para avanzar en ese camino.
La legislación actual requiere que una persona sea residente permanente legal durante al menos cinco años, tenga 18 años cumplidos, sea capaz de comunicarse en inglés básico y demuestre “buena conducta moral”.
Portavoces de la Casa Blanca han indicado que los requisitos específicos para la naturalización de los portadores de la tarjeta dorada se darán a conocer próximamente.
La “tarjeta dorada” de Trump marca un giro inédito en la política migratoria de Estados Unidos, privilegiando el acceso basado en riqueza y creando una vía rápida para quienes pueden pagar millones, en contraste con las barreras cada vez más estrictas para los migrantes de bajos recursos o provenientes de países en conflicto.
Para la comunidad hispana y otras minorías en EE.UU., esta política refuerza la percepción de desigualdad en el sistema migratorio y plantea dudas sobre el rumbo de la justicia social y económica en el país.
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