La Corte Suprema de Estados Unidos dio señales el jueves 15 de mayo de estar alineada, al menos parcialmente, con la Administración de Donald Trump, en su intento por limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una propuesta que ha encendido alarmas en la comunidad inmigrante y en organizaciones defensoras de derechos civiles en todo el país.
Durante una audiencia de casi tres horas en la sede del máximo tribunal, los jueces analizaron si los tribunales inferiores actuaron correctamente al bloquear de forma nacional la orden ejecutiva que Trump firmó el mismo día que asumió su segundo mandato en enero de 2025. Dicha orden busca negar la ciudadanía automática a hijos de padres indocumentados o con visados temporales, pese a que este derecho está garantizado en la Enmienda 14 de la Constitución, vigente desde 1868.
Mayoría conservadora, opiniones divididas
Con una mayoría conservadora de 6 a 3, la Corte Suprema aceptó revisar el caso.
Aunque algunos magistrados expresaron escepticismo sobre la constitucionalidad del decreto, mostraron apertura a limitar el alcance de los bloqueos judiciales impuestos por cortes menores, lo que tendría implicaciones para futuros desafíos legales contra decretos presidenciales.
La jueza liberal Sonia Sotomayor cuestionó la lógica de permitir que los tribunales bloqueen órdenes solo para los demandantes nombrados, señalando que eso forzaría a miles de personas a presentar demandas individuales.
La también liberal Elena Kagan advirtió que negar la ciudadanía por nacimiento podría dejar a miles de bebés “apátridas”, lo cual tendría consecuencias legales, sociales y humanitarias.
¿Qué está en juego?
De acuerdo con un estudio del Migration Policy Institute (MPI), unos 255,000 bebés al año serían afectados si se elimina el derecho de ciudadanía por nacimiento.
A largo plazo, esta medida podría aumentar en millones la población indocumentada en Estados Unidos, además de provocar salidas forzadas o voluntarias del país por temor a la separación familiar.
Organizaciones como CASA y Forward.us, que presentaron demandas contra la orden, estuvieron presentes en la audiencia.
El Gobierno está intentando revocar un derecho fundamental que garantiza la ciudadanía a quien nace aquí
Ama Frimpong, directora legal de CASA
Desde las afueras del tribunal, decenas de manifestantes portaron pancartas con mensajes como “La ciudadanía no se negocia” y “Nacimos aquí, nos quedamos aquí”.
Entre los presentes estaban figuras políticas como Nancy Pelosi y el congresista Adriano Espaillat, líder del Caucus Hispano.
Argumentos del Gobierno
La Administración Trump justificó la orden al alegar que la ciudadanía por nacimiento fue creada “para proteger a los hijos de esclavos” y no debe aplicarse a quienes, según el presidente, viajan al país con el objetivo de “dar a luz para obtener beneficios migratorios”.
El presidente del Supremo, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, ambos conservadores, no se pronunciaron directamente sobre la constitucionalidad del decreto, pero sí plantearon dudas sobre el procedimiento seguido por los tribunales inferiores para bloquearlo.
Corte Suprema y ciudadanía por nacimiento: ¿Qué sigue?
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La Corte Suprema no emitirá un fallo inmediato.
Se espera que la decisión llegue entre finales de junio y principios de julio, aunque algunos analistas creen que, debido a la sensibilidad del tema, podría adelantarse.
Mientras tanto, abogados migratorios recomiendan a las familias hispanas en EEUU mantener la calma, informarse a través de fuentes confiables y evitar caer en rumores.
La ciudadanía por nacimiento sigue protegida hasta que haya un fallo oficial, y cualquier cambio requeriría un proceso legal profundo y probablemente lento.
