Miles de migrantes que trabajaron y cotizaron al sistema recibirán aviso de que perderán su cobertura de Medicare en 2027. El cambio aplica a quienes se legalizaron en Pensilvania y Nueva Jersey y cumplieron diez años de pago al programa.
También alcanza a refugiados, víctimas de trata y solicitantes de asilo con discapacidad.
Razones del cambio en elegibilidad
La nueva normativa surge de la llamada “big beautiful bill” impulsada por la Casa Blanca.
Solo los residentes permanentes legales y personas de Cuba, Haití y ciertos países del Pacífico podrán seguir en Medicare.
Quedan fuera quienes recibieron libertad condicional humanitaria o asilo.
El recorte forma parte de la política migratoria que establece cuotas de hasta 3,000 arrestos diarios y aumentó el presupuesto de ICE de miles de millones de dólares para nuevas tecnologías de vigilancia.
Afectados y alcance de la medida
Se estima que 100,000 migrantes perderán Medicare y 1.4 millones quedarán sin seguro médico por esta restricción.
Entre ellos, adultos mayores y personas con discapacidad que no pueden trabajar.
Sin esa cobertura, deberán comprar planes privados a precio completo, un costo inalcanzable para muchos.
Además, dejarán de acceder a Medicaid y a créditos fiscales para seguros en el mercado de salud de Obamacare.
El programa de Medicare cubre a 68 millones de beneficiarios y costó 1,3 billones de dólares en 2023.
El recorte de elegibilidad para migrantes busca ahorrar 5 100 millones para 2034.
Sin embargo, expertos como Natalie Kean, de Justice in Aging, advierten que nunca antes se había excluido a quienes ya cotizaron al sistema desde 1965.
Reacciones y desafíos legales
Defensores de derechos civiles alertan sobre el impacto en personas vulnerables. Alberto Fox-Cahn, de STOP, señala que utilizar información de redes sociales para deportaciones socava la democracia y la privacidad.
Gabriela González, de Cerrando La Brecha en Camden, destaca la desinformación entre migrantes sobre sus cambios de estatus.
La American Immigration Council y Mijente exigen auditorías independientes de los sistemas de IA que procesan datos migratorios.
Abogados en Miami relatan casos de clientes asustados por fotos en redes sociales.
Además, refugiad@s que huyen de guerras y violencia dependen de Medicare y Medicaid para atención médica urgente.
Entre 2018 y 2024, Pensilvania acogió a más de 12,200 refugiados, de los cuales 1.5% tenía más de 65 años.
Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos no ha aclarado el proceso para identificar correctamente quiénes perderán Medicare.
Expertos temen errores masivos y detenciones injustas.
La falta de transparencia en los criterios de exclusión alimenta la incertidumbre sobre el futuro de estos migrantes en el sistema de salud pública.
Este artículo fue publicado originalmente en Nueva News.
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