El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) anunció el lunes 1 de agosto de 2025 una directriz interna, vigente de inmediato, que aclara que una petición familiar —como la solicitud de residencia permanente basada en matrimonio (Formulario I-130)— no confiere estatus migratorio ni protege contra la deportación, incluso si la petición está pendiente o fue aprobada.
Esto abre una nueva vulnerabilidad a las deportaciones, como se ha venido haciendo desde el inicio de la administración de Donald Trump, incluso para quienes tienen ‘la green card’.
¿Qué contempla la nueva orientación de USCIS?
La guía del Manual de Políticas de USCIS (Volume 6) incorpora reglas más estrictas sobre:
Requisitos de elegibilidad, documentación y entrevistas para peticiones basadas en la familia.
La potestad del USCIS para emitir un Notice to Appear (NTA) y abrir un procedimiento de deportación si se detecta que el solicitante es removible, ya sea antes o después de aprobar la petición familiar.
Esto se aplica tanto a solicitudes nuevas como a aquellas pendientes a la fecha de implementación de la política.
Implicaciones para solicitantes y familias
Expertos en inmigración, como Elora Mukherjee, advierten que la vía del matrimonio ha sido históricamente fundamental para ajustar el estatus migratorio dentro de EE. UU. sin necesidad de regresar al país de origen.
Ahora esta ruta es más arriesgada.
La nueva política permite que el USCIS inicie deportaciones en cualquier etapa del proceso, incluso si el matrimonio ha sido previamente evaluado o aprobado, en especial si se detectan discrepancias, fraudes o irregularidades.
En los primeros seis meses de 2025, más de 520,000 peticiones I‑130 fueron presentadas, según datos de USCIS. En junio, existían más de 2.4 millones de I‑130 pendientes, de las cuales más de 1.9 millones llevaban procesándose por más de seis meses.
Magnitud de la deportación
El alto número de casos acumulados crea un ambiente de estricta impostación documental y seguimiento que aumenta los riesgos de procesos prolongados y posibles remociones administrativas.
Para la comunidad hispana residente, esta directriz representa:
Mayor incertidumbre legal, incluso en relaciones legítimas.
La necesidad de contar con apoyo legal desde la presentación inicial, para evitar errores que puedan desencadenar procedimientos migratorios adversos.
Una lección clara: la aprobación de una petición familiar no equivale a una protección migratoria ni a un estatus legal garantizado.
A 8 meses del inicio de la administración de Trump, las cosas se han puesto cada vez más difíciles para los hispanos que viven en Estados Unidos, incluso para aquellos con green card
Entre familia y norma migratoria
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Esta política encarna un enfoque de “integridad del sistema primero”, donde el USCIS enfatiza que evitar fraude migratorio es tan prioritario como reunificar familias, aunque esto implique deportar a quienes esperan en EE. UU. bajo una petición familiar válida.
Quienes estén en proceso o planeen presentar una solicitud a través del matrimonio u otra relación familiar deben prepararse para:
Documentación exhaustiva que pruebe la autenticidad del vínculo.
Posible entrevista presencial obligatoria.
Evaluación continua del estatus legal, independientemente del avance del trámite.
En síntesis, bajo esta nueva política los solicitantes y sus patrocinadores deben estar alertas: una petición familiar ya no equivale a protección, y cualquier irregularidad puede derivar en procedimientos de deportación en curso o aprobados.
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